1.200 Bebés duermen en un albergue: el gobierno abre la vía para acabar con los pisos-prote
1.200 niños de 0 a 6 años se acuestan cada noche en un centro de acogida porque nadie les ha ofrecido una cuna en casa. La cifra, enterrada en el último Boletín de Medidas de Protección a la Infancia, ha sacudido este lunes el Ministerio de Juventud e Infancia: no es solo éticamente reprobable, es legalmente insostenible.
De 53 a 51 %: la familia se esfuma
En tres años el porcentaje de menores tutelados por familias ha menguado dos puntos. Parece poco, pero en niños reales son centenares que pasan de brazos a literas. El descenso obliga al Ejecutivo a diseñar una norma que impida que cualquier criatura que entra en el sistema de protección acabe en un pabellón cuando podría estar en un hogar.
La consulta pública lanzada hoy —y abierta hasta el 28 de junio— no es un trámite burocrático. Es la antesala de un cambio legal que blindará el acogimiento familiar como opción preferente y condicionará las comunidades autónomas a justificar por qué un bebé duerme en un centro cuando existen familias homologadas.
El silencio de las comunidades
La mitad de esos 1.200 pequeños están concentrados en apenas cuatro regiones. El Ministerio, sin mencionarlas, ha pedido datos desglosados y se ha topado con inventarios que cambian según el color del gobierno autonómico. La falta de registros únicos retrasa la búsqueda de familias y encarece la transición: un niño que llega a los dos meses a un centro cuesta al año cuatro veces más que si se coloca en acogida.
La vice ministra Sira Rego ha fijado tres ejes: agilizar los procesos de valoración de familias, endurecer los plazos máximos de estancia en centros para menores de tres años y penalizar a las administraciones que no presenten planes de desinstitucionalización. La sanción económica, adelantan fuentes del departamento, se descontará directamente de los fondos europeos de Cohesión Social.
¿Y las familias que ya acogen?
Las asociaciones llevan años denunciando la precariedad del subsidio: 450 euros mensuales para cubrir gastos de un niño que muchas veces llega con tratamiento médico y trauma. La futura norma contempla una subida escalonada que doblaría la ayuda en casos de acogimiento de hermanos o menores con discapacidad, y garantizará formación continua y conciliación real con permisos laborales retribuidos para citas judiciales y terapias.
Pero hay un obstáculo invisible: el miedo social. «La gente cree que acoger es adoptar, y temen que el niño se vaya y deje un agujero», explica Rosa Márquez, familia acogedora en Móstoles. El Ministerio invertirá 8 millones en una campaña de televisión y redes que normalice el acogimiento como una forma de guardería extendida y muestre historias de devolución exitosa: más del 60 % de los menores acogidos regresan con su familia biológica en los dos primeros años.
Cuenta atrás para las cunas vacías
La consulta sirve para elegir entre un real decreto —rápido, pero con límites competenciales— o una ley orgánica —lenta, que obligue a reformar el Código Civil—. El Ministerio apuesta por la segunda y calcula que el texto puede llegar al Congreso en septiembre de 2025. Si se aprueba, España pasará a formar parte del reducido club de países que prohíben expresamente la institucionalización de menores de tres años, como Portugal o Noruega.
Mientras tanto, 1.200 cunas siguen vacías en casas anónimas. La convocatoria ya ha recibido 3.400 solicitudes de familias interesadas en solo seis horas. La cifra habla por sí sola: no falta amor, falta legislación que articule el puño del Estado para que ningún bebé duerma entre paredes de centro.