30 Muertos en haití: la matanza que muestra el colapso total del estado
La localidad de Jean-Denis amaneció convertida en un campo de ceniza. Treinta cadáveres yacían entre casas incendiadas, tiendas calcinadas y balas clavadas en las paredes. La banda Gran Grif firmó el nuevo capítulo de horror en el Bajo Artibonite: cinco miembros de una misma familia entre los muertos, dos víctimas halladas carbonizadas dentro de sus propios hogares, otras tantas alcanzadas por disparos cuando huían despavoridas.
La masacre que nadie pudo frenar
El ataque comenzó antes del amanecer. Testimonios recogidos por la emisora local Radio Mégastar describen a los pistoleros llegando en pick-up sin placas, armados con fusiles AR-15 y machetes. El objetivo: apoderarse del casco urbano y cobrar el "impuesto de guerra" que ya cobran en las carreteras cercanas. La resistencia surgió de los propios habitantes: milicias de autodefensa improvisadas con escopetas de caza y machetes. El enfrentamiento duró casi tres horas. Cuando la Policía Nacional irrumpió, los asaltantes se habían retirado y el saldo era un cementerio improvisado en la plaza central.
Bertide Horace, portavoz de la Comisión de Diálogo, Reconciliación y Sensibilización, cargó contra el vacío institucional: «La población paga impuestos para ser protegida, no para recoger cadáveres». Su denuncia apunta a una verdad incómoda: el Estado haitiano no controla ni siquiera la mitad de su territorio. El Bajo Artibonite, antiguo granero del país, es hoy un feudo donde el precio del arroz depende más de Gran Grif que del ministerio de Agricultura.
La guerra por el control del artibonite
La banda no actúa al azar. Domina rutas de tránsito entre Puerto Príncipe y el norte, cobra peaje a camiones de carga y secuestra campesinos que se niegan a pagar. Su expansión territorial responde a una lógica empresarial: cuanto más extienden su jurisdicción, mayores ingresos. El problema es que el gobierno de Ariel Henry, debilitado por la lucha interna y la ausencia de fuerzas armadas, le ha cedido el monopolio de la violencia a los criminales.
El Comité KILBA resume la situación en una frase que debería sonar en todos los despachos oficiales: «Dar armas a la policía es más barato que financiar misiones de paz extranjeras». Pero el presupuesto destinado a Seguridad se lo come la deuda externa y los sueldos atrasados de los agentes. Resultado: 120 policías activos para 1,6 millones de habitantes en la región, muchos de ellos sin chalecos antibalas ni gasolina para patrullar.
Ceniza y migración: el éxodo silencioso
Tras la matanza, Jean-Denis parece un pueblo de fantasmas. Unas 400 personas han cruzado ya la frontera hacia la República Dominicana, según fuentes consulares. Otros tantos esperan en las playas de Anse-à-Pitres para subir a una patera rumbo a las Bahamas. La violencia actúa como una válvula de expulsión: cuanto más sangre, menos población rural, más tierras baldías para que las bandas cultiven marihuana o amapola.
El círculo vicioso se cierra con cifras demoledoras: desde 2020, más de 15.000 haitianes han muerto en ataques relacionados con pandillas, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad de Puerto Príncipe. El Bajo Artibonite concentra el 28 % de esas muertes. El país entero, fracturado, se desangra.
En Puerto Príncipe, el primer ministro interino promete «medidas inmediatas». Mientras tanto, en Jean-Denis los supervivientes cavaron zanjas comunes con palas prestadas y cubrieron los cuerpos con bolsas de arpillosa. No hubo banda, ni himno, ni promesa de justicia. Solo el olor a quemado y el rumor de los que ya preparan la siguiente ruta migratoria. La masacre de ayer es la migración de mañana. Y Haití, una vez más, paga su factura de independencia con fuego y silencio.