Abogados y gobierno sellan un pacto para evitar el caos en la regularización de migrantes
La Abogacía Española no quiere que la próxima regularización migratoria se convierta en un festival de gestorías pirata ni en un cementerio de papeles mal cumplimentados. Por eso, este martes, el Consejo General de la Abogacía, el Ministerio de Inclusión y el de la Presidencia han rubricado un acuerdo para informar y blindar jurídicamente el proceso extraordinario que afectará a miles de personas en situación administrativa precaria.
La primera acción tangible será una jornada informativa en abril, punta de lanza de una campaña que se extenderá hasta el último día del plazo de solicitudes. El objetivo: que ningún requisito, por mínimo que parezca, quede en el aire.
28.000 Abogados de extranjería contra el intrusismo
Salvador González, presidente del Consejo, calcula que hay en España 28.000 letrados especializados en extranjería. Una cifra que, en sus palabras, «pesa más que cualquier anuncio en la parada del bus». González ha negociado con los ministerios que esos profesionales estén presentes en cada mesa informativa, cada taller y cada oficina de atención que se monte. La lógica es simple: cuanto más acceso a asesoría gratuita, menos clientes para los charlatanes que prometen papeles por 500 € y desaparecen.
En la reunión, la vicepresidenta Cristina Vallejo dejó caer una advertencia directa: «La ciudadanía necesita protección frente a la estafa». Detrás de esa frase hay denuncias diarias: falsos representantes que cobran por rellenar impresos que luego se devuelven por errores, gestores que se hacen pasar por abogados y cobran doble, y familias que pierden años de cotización por firmar contratos en lengua que no entienden.

Una regularización que huele a elecciones
El Gobierno aún no ha desvelado el alcance exacto de la medida, pero en los pasillos de la Abogacía ya se habla de más de 500.000 potenciales beneficiarios. La cifra incluye trabajadores en situación irregular que llevan al menos dos años empadronados, estudiantes que han perdido la autorización y menores que han cumplido la mayoría de edad sin obtener el permiso de residencia. La presión sobre la Seguridad Social es inmediata: cada nuevo afiliado regular aportará, de media, 2.800 € anuales en cuotas. Hacer las cuentas es fácil: 1.400 millones de euros de golpe.
Pero el reloj corre en sentido contrario. La campaña electoral se acerca y la regularización extraordinaria se ha convertido en moneda de cambio. El acuerdo con la Abogacía es, en realidad, un seguro de vida contra el caos administrativo que pudiera estallar si miles de solicitudes se amontonan en registros colapsados y se genera un flujo de recursos contenciosos que los juzgados de lo contencioso-administrativo no podrían absorber.
La jugada, además, desactiva el discurso de la derecha: difícilmente puede denunciar una medida “caótica” cuando la propia Abogacía —colegio profesional de tinta y toga— garantiza la transparencia del proceso. Salvador González lo resume con una metáfora marinera: «No queremos que nadie se ahogue en papel mojado».
El plan contempla jornadas itinerantes por Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia, las comunidades con mayor población extranjera en situación irregular. En cada punto habrá al menos un abogado colegiado, un intérprete jurado y un funcionario de la Seguridad Social. La idea es resolver dudas sobre cotizaciones, empadronamientos, contratos laborales y, sobre todo, evitar que una errata en el formulario condene a una familia a otro lustro de precariedad.
La última vez que se abrió un proceso similar, en 2005, se presentaron 700.000 solicitudes y se aprobaron el 60 %. Esta vez el porcentaje de éxito puede ser mayor si la información fluye antes que la desinformación. De eso se encargará la red de 28.000 letrados que, según la propia Abogacía, ya atiende en España más consultas de extranjería que las que reciben los servicios sociales municipales.
El acuerdo no incluye dinero público directo: los colegios asumirán los costes de desplazamiento y material. A cambio, el Gobierno garantiza espacios en centros cívicos y ayuntamientos. Un trueque que deja a la Abogacía en posición de fuerza: si el proceso sale bien, el mérito será compartido; si sale mal, la culpa será del Ejecutivo.
En los próximos días se publicará el calendario exacto de las jornadas. La primera será en Almería, epicentro de la agricultura intensiva y hogar de miles de trabajadores sin papeles que sustentan la economía de la fresa. Allí, la Abogacía estrenará un eslógan que resume el espíritu del pacto: “Pregunta antes de pagar”. Una frase que, en boca de un abogado, suena casi a amenaza para los estafadores.