Acoso en el transporte: congreso busca castigos definitivos
La movilidad en México, un derecho fundamental, se ve empañada por una sombra persistente: el acoso sexual. Ahora, una iniciativa legislativa busca erradicar este flagelo con sanciones contundentes que podrían cambiar la cara del transporte público y privado.
Propuesta para blindar a las usuarias
La diputada Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo, ha presentado una propuesta en la Cámara de Diputados que apunta directamente a los conductores que cometan actos de acoso, hostigamiento o cualquier forma de violencia sexual. No se trata solo de multas, sino de medidas que buscan garantizar la seguridad y la dignidad de las usuarias: la cancelación definitiva de licencias, la revocación de permisos y la inhabilitación permanente para prestar servicios de transporte.
La propuesta, que modifica tanto la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial como el Código Penal Federal, busca crear un marco legal que obligue a concesionarios y empresas operadoras a asumir una responsabilidad activa en la protección de sus pasajeras. ¿Qué significa esto en la práctica? Protocolos de emergencia, denuncia y atención inmediata, colaboración plena con las autoridades y, sobre todo, una cultura de cero tolerancia al acoso.
Pero hay un detalle que agrava la situación. Si la víctima es una niña o adolescente, las sanciones administrativas se aplicarán con el máximo rigor, priorizando el interés superior de la niñez. El artículo 266 Bis del Código Penal Federal, según la iniciativa, se modificaría para aumentar significativamente las penas para el abuso sexual y la violación cometidos por conductores, llegando incluso a duplicarlas en algunos casos.
La cifra habla por sí sola: según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se reportaron más de 61 mil 713 delitos sexuales en todo el país, y casi 8,704 de ellos corresponden a acoso sexual. En la Zona Metropolitana del Valle de México, la realidad es aún más alarmante: más del 60% de las mujeres han sido víctimas de acoso o violencia sexual en el transporte público, limitando su libertad de movimiento y restringiendo su participación en la vida económica y social.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ha manifestado su compromiso para eliminar el acoso en su entidad, una muestra de que la lucha contra esta lacra requiere de un esfuerzo conjunto entre legisladores, autoridades y empresas del sector. La iniciativa de Martínez Ruiz, sin embargo, va más allá, estableciendo obligaciones concretas para las empresas de transporte y plataformas digitales, obligándolas a actuar con prontitud y eficacia ante cualquier incidente.
En definitiva, esta propuesta legislativa representa un paso importante hacia la construcción de un transporte público y privado más seguro y respetuoso para todas las personas. La pregunta ahora es si las autoridades y los operadores del sector estarán a la altura del desafío.