Acuña demanda a olivera por 20 millones tras acusarle de narcolavado en debate
La campaña electoral peruana acaba de trasladar la guerra de los debates a los juzgados. César acuña ha respondido a Fernando Olivera con una querella por difamación agravada y una petición de S/ 20 millones por haberle señalado como testaferro de los Sánchez Paredes en plena transmisión nacional.
Una frase de 14 segundos que vale 20 millones
Olivera apuntó directo: «Usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y se vinculó tempranamente a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y usar la universidad como lavandería». La acusación, dicha en 14 segundos, ha derivado en una demanda civil que fija el daño reputacional en el equivalente a 6.500 sueldos mínimos.
El documento presentado por Acuña habla de menoscabo «interno y externo» del honor, pero también de un valor calculado «en tanto las afirmaciones persisten en redes sociales». Es decir: el candidato de APP factura cada tuit que aún circula.
Del estudio de tv a la comisaría de trujillo
La pelea no se quedó en papeles. Horas después del anuncio judicial, seguidores de ambos rivales se encontraron en un restaurante de Trujillo. Testigos grabaron empujones, insultos y hasta sillas volando. Un video muestra a un regidor de APP gritando «aquí se respeta el patrón» mientras un militante de Frente de la Esperanza le responde «lavadito de dinero, eso es lo que haces».
El altercado dejó dos heridos leves y una denuncia cruzada más en la comisaría del distrito de La Esperanza. La campaña electoral, literalmente, ha salido a la calle.
Olivera se planta: «ni me amilanan ni me amordazan»
Consultado sobre la querella, Olivera no se repliega. «Estos procesos no me amilanan ni me amordazan», dijo en un acto en Villa El Salvador. Su estrategia: convertir el litigio en una vitrina para reiterar las acusaciones fuera del aula judicial. Cada mención a los Sánchez Paredes ahora incluye la coletilla «a pesar de la demanda de 20 millones».
El mensaje es claro: Olivera apuesta a que el costo político de retractarse sería mayor que el económico de perder el juicio.
El juez que hereda un caso que puede durar años
La causa recayó en el Juzgado Civil 17 de Lima, especializado en daño moral. Los abogados de Acuña piden una medida precautelar para obligar a Olivera a borrar los clips del debate de sus redes; la defensa de Olivera ya adelanta que invocará la libertad de expresión y pedirá declarar al exfiscal Óscar Valdivia, quien investigó a los Sánchez Paredes en 2018.
El proceso puede extenderse hasta 2027, cruzándose con el inicio del próximo gobierno. Si Acuña gana, cobraría; si pierde, la sentencia se convertiría en un monumento público a la acusación que intenta borrar.
La guerra entre ambos candidatos ya no se dirime en encuestas: se contará en testimonios, peritajes y, sobre todo, en intereses moratorios. Mientras tanto, cada vez que alguien busque «Acuña Sánchez Paredes» en Google, aparecerá la querella, la respuesta y el monto: 20 millones de soles que alguien, tarde o temprano, deberá pagar.