Allanan asociación de anestesistas en caso fentanilo del hospital italiano
La investigación sobre las fiestas clandestinas en el Hospital Italiano, donde se sospecha el uso indebido de fármacos de alto riesgo como fentanilo y propofol, ha escalado con el allanamiento de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AARA). La Policía de la Ciudad, bajo orden judicial, se encuentra revisando las instalaciones en Caballito en busca de pruebas que vinculen a la asociación con la trama.
La denuncia interna: un giro inesperado
Lo que parece una escalada en la investigación judicial, revela una denuncia interna. Según el abogado de la AARA, Eduardo Gerome, la asociación tomó conocimiento de los hechos delictivos y denunció a los profesionales involucrados, Delfina Lanusse y Hernán Boveri, “hace unos cuantos días”. Gerome insiste en que la asociación es “la más interesada en que esta causa funcione”, desestimando su propia imputación y enfatizando su rol como denunciante. La paradoja es palpable: la misma institución que ahora se ve allanada, fue quien puso en movimiento la rueda de la justicia.
Pero hay un detalle que levanta sospechas. La AARA, al parecer, citó a Lanusse y Boveri tras los hechos para que explicaran lo ocurrido, aunque el contenido de esas reuniones se mantiene en secreto. “Todavía no tomamos ninguna determinación con los profesionales involucrados”, declaró Gerome, dejando entrever una posible estrategia de contención y una espera a las conclusiones de la Justicia. La opacidad en torno a esas charlas ha generado más preguntas que respuestas.
La cifra habla por sí sola: el escrutinio de las actas de reuniones, junto con cualquier otro material relevante, busca esclarecer el grado de conocimiento y participación de la AARA en lo que se ha convertido en un escándalo que sacude al sistema de salud porteño. El allanamiento, lejos de ser un mero trámite judicial, representa un punto de inflexión en la investigación, que apunta ahora a desentrañar las posibles connivencias dentro de la comunidad médica y las responsabilidades de quienes, presuntamente, facilitaron el acceso indebido a medicamentos peligrosos.