Almería: 15 años de cárcel por abusos sexuales a un menor

Un juez ha sentenciado a 15 años de prisión a un hombre en Almería por agredir sexualmente al hijo menor de su pareja durante meses. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena, rechazando el recurso de casación presentado por la defensa, en una decisión que subraya la gravedad de los hechos y la necesidad de proteger a los menores.

La defensa, un intento fallido de reescritura

La defensa, un intento fallido de reescritura

La defensa del acusado intentó recurrir la sentencia argumentando que los alegatos presentados no habían sido planteados en instancias anteriores. El Tribunal Supremo inadmitió el recurso, dejando claro que la vía de casación no es un espacio para introducir nuevas líneas de argumentación. La resolución judicial, consultada por Europa Press, ratifica así la condena por delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años.

Pero hay un detalle que agrava aún más la situación: la víctima deberá recibir una indemnización de 50.000 euros en concepto de daños morales. La sentencia establece, además, una orden de alejamiento de 20 años, prohibiendo cualquier contacto o acercamiento al menor, así como cualquier actividad profesional relacionada con niños.

El acusado, que convivía con su pareja desde 2016, aprovechaba las ausencias de la madre, que trabajaba fuera, para cometer los abusos. La dinámica, que se prolongó hasta febrero de 2021, se caracterizó por la explotación de la diferencia de edad y la vulnerabilidad del menor, que contaba con tan solo 15 años cuando comenzaron los ataques. Lo que nadie cuenta es el impacto devastador que esto ha tenido en la víctima, quien ha desarrollado graves problemas psicológicos, emocionales y de conducta.

La justicia ha dictado que el acusado perderá la patria potestad durante seis años y permanecerá bajo libertad vigilada durante otros diez. Una respuesta contundente ante un crimen que ha roto la vida de un menor y que, sin duda, servirá como advertencia para aquellos que pretenden vulnerar la protección de la infancia. La cifra habla por sí sola: 15 años de prisión, una condena que, aunque no borra el daño causado, busca garantizar la seguridad del menor y disuadir a otros posibles agresores.