Alquiler seguro, castigada con 3,6 millones por prácticas abusivas
Madrid se convierte en un foco de atención tras la confirmación definitiva de una sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro. La inmobiliaria, finalmente, ve cerrada la vía administrativa tras desestimar un recurso y agotarse todas las instancias legales.
Una vez más, la presión sobre el sector de la vivienda
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dictado esta miércoles la multa, una decisión que ratifica las conclusiones de un expediente abierto por la Dirección General de Consumo y que suma otra investigación en curso por hechos similares. La inmobiliaria ha sido considerada responsable de seis infracciones muy graves y una grave por vulnerar los derechos de los consumidores, aprovechando su posición de dominio en el mercado.
La resolución, firmada por el ministro Pablo Bustinduy, desvela prácticas cuestionables: desde la imposición de costes que corresponden al propietario –servicios de atención al inquilino, seguros del hogar, incluso cargos por reclamaciones sin fundamento– hasta la inclusión de inquilinos en ficheros de morosos sin deudas exigibles, o la limitación del derecho de desistimiento en contratos. Una estrategia despiadada que, según el Ministerio, se sustenta en una clara intención de maximizar beneficios a expensas de la vulnerabilidad de los usuarios.
Detalles de la sanción: un castigo ejemplar
La cuantía de la sanción es considerable: un millón de euros, 990.900 euros, tres de 500.000 euros, 100.001 euros y otra de 10.001 euros. Una muestra tangible del desprecio por la legalidad que, hasta ahora, parecía imperar en Alquiler Seguro. Esta decisión, que se remonta a denuncias de organizaciones como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU, se suma a otra investigación en curso por prácticas similares, evidenciando una posible falta de control por parte de las autoridades.
La inmobiliaria ya había recurrido la sanción inicialmente impuesta en diciembre de 2025, pero el Ministerio ha rechazado ese recurso, sellando así el destino de la multa y enviando un mensaje contundente al sector. La Dirección General de Consumo ya había advertido en diciembre sobre la imposición de gastos de gestión y formalización del contrato, prohibidos por la Ley de Vivienda, lo que agrava aún más la situación.
La sanción se consolida como un precedente importante, un recordatorio de que el derecho a una vivienda digna y justa no puede ser vulnerado por el mero interés económico. Más allá de los números, se trata de una batalla por la protección de los consumidores y la defensa de los derechos básicos.