Alquiler seguro sancionada por 3.6 millones: un golpe a las prácticas abusivas
El Ministerio de Derechos Sociales ha desatado una tormenta sobre Alquiler Seguro, imponiéndole una multa récord de 3,6 millones de euros por prácticas consideradas abusivas contra sus inquilinos. Un veredicto que pone de manifiesto la creciente preocupación por la regulación del mercado de alquileres.
La justicia actúa contra la inmobiliaria
Tras un recurso de alzada, el Departamento de Consumo ha ratificado la sanción en firme, cerrando así la puerta a cualquier recurso adicional. La inmobiliaria, acusada de manipular las condiciones de los contratos y de trasladar gastos indebidamente a los arrendatarios, se enfrenta ahora a un castigo ejemplar.
La multa, fruto de una investigación que se inició en marzo de 2025 tras denuncias de Facua, el Sindicato de Inquilinas y OCU, revela un patrón de conducta que vulnera los derechos de los consumidores. El Ministerio ha identificado seis infracciones muy graves y una grave, entre las que destacan la imposición de servicios de gestión inmobiliaria como gastos, la obligatoriedad de seguros de hogar en beneficio de la parte arrendadora y la aplicación de cargos por reclamaciones de deudas, incluso sin causa imputable al arrendatario.Pero la gravedad de la situación no termina ahí. Alquiler Seguro también ha sido sancionada por introducir cláusulas que autorizan la inclusión de los arrendatarios en ficheros de morosos, independientemente de la causa del impago, y por la exclusión del derecho de desistimiento en caso de contratar el servicio de atención.
La Ley de Vivienda, recuerda el Ministerio, prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión y formalización de contratos, una práctica que Alquiler Seguro ha empleado sistemáticamente. La sanción, que incluye el pago de un millón de euros por una de las infracciones muy graves y otros 990.900 euros por otra, no es solo un castigo económico; también conlleva la obligación de rectificar los incumplimientos detectados y de hacer pública la multa, la razón social de la empresa y la naturaleza de la infracción.
Este caso, según fuentes internas, podría desencadenar una revisión exhaustiva de las prácticas de otras inmobiliarias que operan en el mercado, y supone un claro mensaje: la defensa de los derechos de los consumidores no es una mera formalidad, sino una obligación legal.
La resolución, lejos de ser un simple acto administrativo, representa un precedente importante en la lucha contra las prácticas abusivas en el sector inmobiliario, y un recordatorio para las empresas de que la transparencia y el respeto a los derechos de los inquilinos son pilares fundamentales para el desarrollo de un mercado sano y equitativo.