Alquiler seguro sancionada por 3.6 millones: una batalla legal que aún no ha terminado
El Ministerio de Derechos Sociales ha desatado una tormenta sobre Alquiler Seguro, imponiéndole una multa de 3.6 millones de euros por prácticas abusivas contra inquilinos. La decisión, definitiva tras la desestimación del recurso de la inmobiliaria, marca un punto de inflexión en la lucha contra la especulación en el mercado del alquiler.
Una sanción brutal por prácticas engañosas
La resolución, firmada por el ministro Pablo Bustinduy, ratifica las conclusiones de un expediente abierto hace nueve meses a raíz de denuncias de Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU. Se acusa a la empresa de seis infracciones muy graves y una grave, aprovechando su posición dominante para inflar los costes y limitar los derechos de los consumidores.
Entre las conductas reprobables, destacan la imposición de gastos que corresponden al propietario – un servicio de atención al inquilino, un seguro del hogar o incluso cargos por reclamaciones infundadas – y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos que permitían la inclusión de inquilinos en ficheros de morosos sin deudas exigibles, así como la restricción del derecho de desistimiento.
Un recurso inminente y la presión continúa
Alquiler Seguro ya ha anunciado su intención de recurrir judicialmente la sanción, argumentando que la resolución es “injusta” y “arbitraria”. La empresa, sin embargo, se enfrenta a un panorama desolador: cuatro sentencias judiciales ya han dado la razón a los denunciantes sobre los mismos puntos.
Pero la noticia no termina ahí. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha convocado una huelga estatal de alquileres, coordinada entre los 30.000 inquilinos de la compañía, que implica el pago de la renta en un depósito colectivo. La situación, como bien señala la OCU, refuerza las nuevas denuncias contra otras agencias de alquiler por prácticas similares.
El gobierno defiende la proporcionalidad y la lucha contra la crisis
El ministro Bustinduy ha defendido la proporcionalidad de la multa, subrayando que no se trata de eliminar a las gestoras de alquiler del mercado, sino de garantizar el cumplimiento de la ley y evitar que exploten la crisis actual para maximizar sus beneficios. Un mensaje contundente, sin duda, que refleja la determinación del gobierno en proteger a los inquilinos.
La resolución obliga a la compañía a eliminar las cláusulas abusivas de sus contratos y a corregir los incumplimientos detectados, además de hacer pública la sanción y la identidad de la sociedad responsable. La batalla legal, sin embargo, apenas comienza. La cifra de 3.6 millones de euros no es más que el primer acto de una partida compleja, en la que los derechos de los inquilinos se medirán contra el poder económico de una empresa con apetito por la rentabilidad.