Alquiler seguro se enfrenta a la justicia por 3,6 millones: una batalla legal que ya no es nueva
Madrid, 8 de abril – alquiler Seguro ha decidido recurrir a los tribunales, iniciando un contencioso administrativo contra la sanción impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales por 3,6 millones de euros. La inmobiliaria, que ya ha perdido batallas legales previas, argumenta que la resolución es ‘injusta y arbitraria’ y defiende la legalidad de sus prácticas.
Un historial de disputas que no amaine
La decisión del ministro Pablo Bustinduy, firme después de años de litigio, se basa en seis infracciones graves y una grave por vulnerar los derechos de los consumidores, acusando a la empresa de prácticas abusivas contra inquilinos. Entre ellas, la imposición de costes impropios –como servicios de atención al cliente o seguros obligatorios– y la inclusión de cláusulas que limitaban el derecho de desistimiento.
La cuantía de la multa es considerable: un millón de euros, 990.900 euros, y otras tres de 500.000 euros, además de sanciones menores. La compañía se ve obligada a eliminar las cláusulas abusivas y a corregir los incumplimientos detectados, además de hacer pública la sanción y la identidad de la responsable.
Las voces de las organizaciones de consumidores
Esta acción judicial no es un episodio aislado. El expediente se inició en marzo de 2025 tras denuncias de Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU, evidenciando una preocupación creciente por las prácticas de alquiler Seguro y un patrón de conductas cuestionables.
La batalla legal se suma a otra investigación en curso, lo que sugiere una preocupación generalizada por la transparencia y la protección de los consumidores en el mercado inmobiliario. La presión de las organizaciones de defensa del consumidor ha sido constante, y ahora, la vía judicial se convierte en el último recurso para cuestionar las decisiones del Ministerio.
La inmobiliaria, que ya ha visto confirmadas sus acciones en cuatro ocasiones previas, ahora se enfrenta a un nuevo desafío. El resultado de este contencioso administrativo podría marcar un precedente importante en la regulación del mercado del alquiler y definir los límites de la actuación de las inmobiliarias en relación con los derechos de los inquilinos. La cifra, 3,6 millones de euros, no es un mero número; es la consecuencia de una serie de decisiones que, según las denuncias, han perjudicado a numerosos usuarios.