Álvarez omite aborto y educación sexual: un plan para la niñez en riesgo
El plan de Carlos Álvarez y el Partido País Para Todos para el Perú ha generado controversia debido a su exclusión de dos pilares fundamentales en la protección de la infancia: el aborto terapéutico y la educación sexual integral (ESI), según revela un informe del Movimiento Manuela Ramos.
Vacío crítico en la respuesta a la violencia infantil
El documento técnico presentado por el candidato presidencial, si bien destaca metas verificables y un enfoque basado en derechos, ignora por completo la realidad alarmante de la violencia sexual contra niñas y adolescentes en el país. Cada año, se registran al menos 1.500 embarazos de menores producto de estas agresiones, una cifra que no se aborda ni se relaciona con la estrategia propuesta.
El informe subraya una ausencia notable: la violencia sexual contra niñas y adolescentes no se identifica como un problema específico dentro del plan. La Ventanilla única de Protección a la Niñez, lejos de ofrecer atención diferenciada, no distingue entre los tipos de violencia, limitando su efectividad para proteger a este grupo vulnerable.
Metas cuantificadas, falta de profundidad
Si bien el plan establece objetivos ambiciosos, como la reducción de feminicidios y tiempos de atención judicial, se centra en indicadores cuantitativos sin considerar la raíz del problema: la falta de herramientas educativas y de salud para prevenir la violencia y el embarazo no deseado.
El eje educativo prioriza metas en lectura, matemáticas e infraestructura, relegando a un segundo plano la ESI, a pesar de su reconocimiento internacional como una herramienta esencial para la prevención de la violencia y la promoción de la salud reproductiva. La ausencia de esta educación integral perpetúa un ciclo de vulnerabilidad.
Las cifras son alarmantes: en 2025, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 13,096 casos de violación sexual, con un 63% de las víctimas entre 0 y 17 años. El 94,1% de estas víctimas eran mujeres, y el 80,1% de los casos involucraba a menores. Además, el sistema de salud registró 993 nacimientos de madres menores de 14 años en el mismo año, lo que evidencia una situación que requiere una respuesta integral y no solo reactiva.
El costo económico de esta omisión es significativo: se estima que el embarazo adolescente genera un impacto de 329 millones de dólares anuales en el PIB peruano. Las desigualdades territoriales exacerban el problema, con tasas de embarazo adolescente más elevadas en zonas rurales, donde el acceso a servicios básicos es limitado.
Un plan sin conexión
El “Pacto nacional por alimentación y cuidado de la niñez” aborda la gestación desde una perspectiva nutricional, sin reconocer la violencia subyacente que la provoca. El plan carece de mecanismos para establecer una conexión directa entre el embarazo infantil y la violencia sexual, lo que demuestra una comprensión incompleta de la problemática.
La ausencia de una educación sexual integral y la falta de atención especializada para las víctimas de violencia sexual reflejan una brecha crítica en la prevención. La evidencia internacional muestra que la ESI es fundamental para retrasar el inicio de las relaciones sexuales, reducir el uso de métodos anticonceptivos inseguros y empoderar a las niñas y adolescentes para reconocer y rechazar situaciones de abuso. En definitiva, el plan de País Para Todos se apoya en datos y metas, pero olvida la dimensión humana de la violencia infantil.
El informe concluye que la omisión del aborto terapéutico y la ESI limita la capacidad del plan para abordar la violencia sexual y el embarazo infantil en el Perú. La política, en este caso, no sigue a la evidencia.