Amenazas a la oposición en colombia: ¿silencio gubernamental o crisis profunda?
La sombra del miedo se cierne sobre la oposición colombiana. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, filtrado a El Espectador, revela una escalada alarmante de amenazas y asesinatos contra políticos opositores, mientras Cambio Radical denuncia un alarmante silencio por parte del gobierno de Gustavo Petro. La situación, que se agrava de cara a las elecciones presidenciales de mayo, plantea serias interrogantes sobre el estado de derecho y la libertad política en el país.
El informe revelador: un panorama desolador
El documento de la Defensoría del Pueblo, que ha llegado al Congreso, pinta un cuadro preocupante. Según los datos, en 2025, tres líderes opositores perdieron la vida y 440 recibieron amenazas. Estos hechos, que incluyen atentados contra políticos de partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y ASI, se suman al magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, un golpe devastador que sacudió al país el pasado 7 de junio.
El Centro Democrático, con 29 congresistas, ha solicitado refuerzo en sus medidas de seguridad, pero según denuncian, sus peticiones han sido ignoradas. Similar es la situación de 21 legisladores de Cambio Radical, quienes también se sienten en peligro.
Lo que nadie cuenta es la magnitud de este clima de intimidación, especialmente en un contexto electoral. La Alerta Temprana Electoral (ATE 013 de 2025) ya había advertido sobre la coacción electoral en varias regiones del país: Bolívar, Sucre, La Guajira, y otras, donde grupos armados imponen sus propias reglas. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ha alertado que el verdadero riesgo no es la cancelación de las elecciones, sino la consolidación de una democracia formal, donde comunidades enteras se ven obligadas a permanecer en silencio ante la presencia de estos grupos.
Cambio radical: acusaciones directas al gobierno
Desde Cambio Radical, la respuesta ha sido contundente. A través de sus redes sociales, el partido acusó al gobierno nacional de hacer caso omiso a las denuncias y advertencias sobre los peligros que enfrentan los políticos opositores. La política de “Paz Total”, implementada por el presidente Petro, es, según ellos, la responsable del deterioro del orden público.
“Nuestros líderes y dirigentes están amenazados, mientras el gobierno de Gustavo Petro guarda silencio y actúa con indiferencia”, aseveraron. La crítica se extiende al nombre de Iván Cepeda, sugiriendo que la situación continuaría sin cambios bajo su liderazgo.
Un congreso bajo presión
El congresista Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, ha sido especialmente vocal en sus denuncias. Afirma que el gobierno de Petro podría ser, según sus palabras, un “cómplice” de la ilegalidad. Motoa describe una situación de “amenazas existenciales” que han obligado a sus compañeros del Centro Democrático y Cambio Radical a tomar precauciones extremas, incluso evitando recorrer el territorio durante la época electoral.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, prometió reforzar las medidas de seguridad para los candidatos presidenciales el 17 de marzo de 2026, pero las palabras no parecen suficientes ante la gravedad de la situación.
La cifra habla por sí sola: 440 amenazas a políticos opositores en un año. Una estadística que revela una crisis de seguridad que exige una respuesta urgente y contundente por parte de las autoridades. El futuro de la democracia colombiana podría depender de ello.