Anaid ya no quiere ser un número más: la activista que predijo su muerte
Anaid Belén García Alfaro denunció durante meses que la matarían. El 25 de marzo la encontraron sin vida en Tultitlán, Estado de México. Tenía 37 años y una huella digital digital: sus perros envenenados, sus publicaciones en Facebook, su rostro golpeado en video. Todo lo había filmado. Todo lo había advertido.
La frase que ahora circula por WhatsApp y TikTok no es un eslogan publicitario. Es su último post: “No quiero ser un número más”. La ironía es brutal: la fiscalía mexiquense la buscó con ficha de búsqueda apenas 24 horas después de que desapareciera el 19 de marzo, pero no la protegió cuando ella misma entregó nombres, domicilios y fotografías de sus agresores el 14 de noviembre de 2024.
El vecindario que la condenó
Vivía en la colonia Sierra de Guadalupe, una zona donde el pavimento termina en terracería y los albañiles conviven con ranchos de narcos de media tabla. Allí rescataba perros sin techo y sin dueño desde hace una década. Los vecinos —según sus denuncias— la acusaban de “traer ratas” y “bajar el precio de la casa”. Empezaron con piedras. Siguieron con mortandad: perros envenenados con estricnina, otros apuñalados, uno colgado de un árbol. Anaid grabó cada cadáver. También grabó cuando un sujeto la tomó del cabello y la arrastró hasta la banqueta. El video dura 28 segundos y termina con ella sollozando: “¿Hasta cuándo?”
Presentó ocho denuncias. La respuesta oficial fue el silencio administrativo: turnos que se perdían, agentes que no llamaban, una medida de protección que nunca llegó. Mientras tanto, los perros seguían muriendo y ella empezó a dormir con una maza de beisbol junto a la cama.
El día que desapareció
El 18 de marzo subió una foto de su perra Luna con una herida de bala en la pata. “Mañana voy a la fiscalía otra vez”, escribió. Nunca llegó. Testigos la vieron por última vez a las 7:12 a.m. subiendo a una camioneta blanca sin placas. Seis días después unos ciclistas encontraron su cuerpo entre matorrales del río Cuautitlán. El forense habla de “lesiones contundentes y signos de estrangulamiento”, pero la carpeta judicial sigue bajo reserva.
La hipótesis que manejan los activistas es tan vieja como el sistema: alguien pagó para que alguien callara. En los grupos de Telegram de protección animal ya circula un audio donde un hombre —voz ronca, acento mexiquense— advierte: “Ya saben lo que pasa con los que se meten donde no les importa”.
La cuenta que nadie quería pagar
México registra en promedio 10 agresiones al día contra defensores de animales, según la organización Animal Heroes. Solo el 4 % culmina en sentencia. La razón es simple: los rescatistas no tienen patrocinadores políticos ni cámaras de seguridad. Solo tienen croquetas de sobra y deudas veterinarias que superan los 50 000 pesos. Anaid vendía gelatinas y rifaba cenas para pagar las camas ortopédicas de sus 38 perros. Su historia es la de cientos, pero con epílogo de nota roja.
El martes 26, mientras la fiscalía daba la cara por televisión prometiendo “investigación exhaustiva”, un grupo de rescatistas bloqueó la autopista México-Pachuca con 17 jaulas vacías. No hubo mítines ni porras. Solo ladridos de perros que nadie adoptó y una lona escrita con aerosol: “Aquí faltan 38 patas y una mujer”.
La investigación oficial avanza a velocidad de tortuga marina. Los perros de Anaid ahora viven en refugios improvisados. Luna fue adoptada por una familia que no sabe que la perra sobrevivió a su protectora. En la Sierra de Guadalupe, los mismos vecinos que antes la insultan ahora cierran sus rejas con candado doble. El rumor callejero es que “el problema ya se solucionó”.
La frase de Anaid se volvió tatuaje en antebrazos de adolescentes y pegatina en coches de Uber. Pero ella sigue siendo, para la estadística, un número más: la ficha 19424/2025 del archivo de desaparecidos del Estado de México. La diferencia es que su caso tiene fecha límite: el próximo 14 de abril vence el plazo para dictar prisión preventiva contra los únicos dos detenidos, un par de primos con antecedentes por narcomenudeo. Si el juez los suelta, la historia se repetirá. Y la próxima activista ya sabrá que denunciar es escribir la propia necrológica con anticipación.