Anulada la revocación del carnet de un conductor con problemas de salud mental en málaga: un fallo judicial pone en cuestión la evaluación médica
Málaga ha sido escenario de una decisión judicial que sacude la aplicación de los permisos de conducción para personas con problemas de salud mental. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad ha revocado la retirada de un carnet a un hombre que, tras años de estabilidad clínica, se le había denegado la renovación de su licencia.
Un caso que expone la fragilidad de las evaluaciones médicas
La resolución original, dictada por la Jefatura Provincial de Tráfico, se basaba en un informe médico “extremadamente breve” y desestimó la propuesta del conductor de realizar controles periódicos, argumentando que este había mantenido un seguimiento clínico continuado durante más de una década sin incidentes. Una práctica, según la defensa, totalmente inusual y que pone en tela de juicio la validez de la decisión.
El caso, defendido por la Confederación Salud Mental España, ha sido catalogado como una clara vulneración de los derechos del individuo. La organización denuncia el persistente estigma que rodea a las personas con problemas de salud mental y reclama una revisión exhaustiva de los criterios de evaluación en las administraciones públicas.
La administración, acusada de arbitrariedad
La sentencia judicial considera que la actuación de la administración fue “arbitraria, inmotivada e irrazonable”, al ignorar informes especializados del Servicio de Asistencia Social (SAS) que acreditaban la idoneidad del conductor para mantener su permiso de conducir. La pérdida del carnet, según la resolución, tuvo un “impacto severo” en la vida del hombre, provocándole la pérdida de empleo, la ruptura de un proyecto de vida autónomo y, lo más grave, dos ingresos hospitalarios derivados del deterioro de su salud mental.
Ahora, el conductor deberá someterse a una nueva evaluación médica, con una inspección presencial y una revisión de su estado psicofísico. La decisión judicial supone un precedente importante en la lucha contra la discriminación y la necesidad de garantizar una evaluación integral y respetuosa con las particularidades de cada individuo. La cifra resalta la magnitud del perjuicio: 2 ingresos hospitalarios y la pérdida de un empleo estable.
Tras la sentencia favorable, el conductor ha declarado: “La retirada del permiso de conducir me afectó profundamente: perdí mi empleo estable, no pude hacer frente al pago del coche que acababa de adquirir y mi salud se deterioró hasta requerir dos ingresos hospitalarios”. La reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños y perjuicios ocasionados por la resolución revocada podría marcar un hito en la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental.