Argentina expulsa al flotista de gaza: thiago ávila, prohibido pisar suelo patagónico
Un pasaporte con alerta, una familia dividida en la sala de migraciones y una orden de deportación que se ejecuta en menos de 24 horas. El brasileño Thiago Ávila, coordinador de la Flotilla Global Sumud, no pisará Buenos Aires: el gobierno de Javier Milei lo declaró persona non grata antes de que pudiera anunciar la partida argentina del convoy que intentará romper el bloqueo israelí sobre Gaza.
La escena en aeroparque: entre el control y el cacheo simbólico
Lara Souza, su mujer, lo cuenta sin pausa: «Nos separaron. A mí y a mi hija nos sellaron el pasaporte; a él lo rodearon seis oficiales». La frase técnica que escucharon fue «falso turismo», esa etiqueta que usan los migratorios cuando quieren decir “sos sospecha” sin firmar la razón. En la sala de retención le mostraron una nota interna: «Alerta por activismo marítimo». Nadie la firmó. Nadie la discutió.
El martes a las 14:37 hora local, Ávila subió a un avión de Iberia con destino a Barcelona. No lo escoltaron, pero tampoco lo dejaron hablar con prensa. argentina cumplió así la primera deportación exprés de un integrante de la flotilla antes de que zarpe el 12 de abril desde el puerto catalán.
El convoy que incomoda a cuatro gobiernos
La segunda edición de la Sumud –que en árabe significa resistencia permanente– agrupa 1.200 personas, 103 embarcaciones y un cargamento médico que Israel ya advirtió que interceptará. Washington, Madrid y Brasilia anticiparon presiones a los puertos de salida. Buenos Aires, en cambio, optó por el veto silencioso: ni una palabra oficial, solo el sello rojo de “denegado” en el pasaporte de Ávila.
La jugada tiene lógica doméstica. Milei necesita mostrar alineamiento con Tel Aviv para mantener el respaldo de sectores evangelistas y de la derecha liberal que lo catapultaron al sillón de Rivadavia. Dejar ingresar al coordinador de una flotilla que califica de “propaganda pro-Hamás” en los cables diplomáticos equivaldría a abrir una grieta en su discurso de “civilización contra barbarie”.
El precedente que nadie firmó
argentina no tiene ley que prohiba la activista internacional, pero Migraciones se ampara en el artículo 29 del decreto 616/2010: «Puede denegarse ingreso cuando existan razones de seguridad». El problema es que la “razón” no se publica. Así, el caso Ávila se convierte en el primero de la era Milei que cruza la línea entre control migratorio y veto político sin dejar rastro escrito.
La flotilla, mientras tanto, mantiene su ruta. «Nos sobran barcos y nos faltan miedos», ironiza Ezequiel Peressini, el exdiputado cordobés que embarcará en Barcelona. La organización ya anunció que la conferencia de prensa que Ávila debía dar en la sede de la Universidad Metropolitana se hará igual: será virtual, desde el aeropuerto de El Prat, cuando el brasileño repita la misión que empezó en la primera travesía, la del pasado septiembre, cuando Israel confiscó 47 barcos y encarceló a 473 activistas.
La cifra habla por sí sola: en seis meses, la Sumud duplicó flota y tripulación. El veto argentino no detiene los motores; solo enciende los reflectores sobre un gobierno que prefiere el oprobio diplomático antes que la foto de un activista en suelo porteño. Gaza, a 12.000 kilómetros, espera el contragolpe de las velas.