Asesinan a la fiscal alexandra bravo en manabá: hrw advierte de ‘peligro constante’

La fiscal Alexandra Bravo, destacada por su labor en la investigación de crímenes organizados y ataques con drones contra embarcaciones pesqueras, fue asesinada junto a su hermana en Manta, Manabí. El ataque, perpetrado el 14 de junio, ha desatado una ola de indignación internacional y pone de manifiesto la fragilidad de la justicia en Ecuador.

Una investigación plagada de riesgos

Una investigación plagada de riesgos

Human Rights Watch (HRW) reveló, a escasas semanas del trágico suceso, que la fiscal Bravo había expresado su temor por su seguridad, alertando sobre los peligros inherentes a su trabajo en la lucha contra el crimen organizado. La organización documentó, en mayo de 2026, una conversación en la que la fiscal describía la creciente amenaza para aquellos que investigaban estos delitos, una realidad que se materializó con su muerte.

La Fiscalía General del Estado confirmó el ataque armado contra Bravo y su hermana, ocurrido en la avenida Flavio Reyes, una zona de alta circulación en la ciudad costera. Este crimen, que ya ha reabierto un debate sobre la seguridad institucional y la impunidad, se suma a una escalada de violencia contra operadores de justicia en Ecuador, un patrón que HRW ha documentado con creciente preocupación. La organización ha iniciado una investigación propia sobre los hechos, buscando rastrear las motivaciones detrás de este ataque y las posibles conexiones con otras investigaciones en curso.

Según cifras del Observatorio de Derechos y Justicia, al menos 26 jueces, fiscales y otros funcionarios han sido asesinados en Ecuador desde 2020, víctimas de una violencia que no solo pone en peligro a los operadores de justicia, sino que socava la confianza en el sistema judicial. La reciente muerte de Bravo, la tercera fiscal asesinada en Manta desde 2022 – precedida por Luz Marina Delgado y Marcelo Vásconez – es un síntoma alarmante de esta situación. La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, ha instado a las autoridades ecuatorianas a garantizar una investigación rápida y exhaustiva, no solo para identificar a los responsables, sino también para asegurar la protección de aquellos que siguen desempeñando su labor en condiciones de riesgo.

Pero hay un detalle inquietante: la fiscal Bravo, según HRW, expresó durante una conversación que “ser fiscal, en este contexto de crimen organizado, es muy difícil. El peligro está presente siempre”. Un mensaje contundente que revela la encrucijada en la que se encuentran aquellos que luchan contra la corrupción y la delincuencia en Ecuador. La investigación continúa, mientras las autoridades intentan desentrañar las complejas redes criminales que podrían estar detrás de este brutal asesinato. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿cuánto más sangre se necesitará para que se detenga esta escalada de violencia?