Audiencia nacional rechaza asilo a venezolano: un relato sin pruebas pese a la huida
Un ciudadano venezolano que huyó de su país alegando persecución por su orientación sexual y xenofobia ha visto cómo la Audiencia Nacional rechazaba su solicitud de asilo, condenándole además al pago de hasta 1.500 euros en costas judiciales. El caso, que arroja luz sobre las dificultades que enfrentan muchos solicitantes de protección internacional, se complica aún más por el hecho de que el demandante residió durante más de tres años en Perú, un país que el tribunal considera “seguro”.
Un relato de persecución que no convence a la justicia
El solicitante, que llegó a Madrid en octubre de 2021, relató haber sufrido insultos, amenazas y acoso en Venezuela debido a su orientación sexual, sumados a problemas de salud mental, incluyendo un intento de suicidio. Su historia continuó en Perú, donde residió con permiso de trabajo durante tres años y siete meses, hasta que, según sus declaraciones, se vio obligado a abandonar el país a causa de episodios de xenofobia y discriminación. Pero, ¿por qué la justicia no se ha mostrado convencida?
El problema reside, según la sentencia, en la falta de concreción y respaldo probatorio del relato. A pesar de ampliar su testimonio con detalles sobre agresiones físicas, amenazas de muerte y discriminación laboral, el solicitante no presentó denuncias formales ni elementos objetivos que corroboraran sus afirmaciones. La ausencia de pruebas concretas, señalan los magistrados, impide acreditar que los episodios de discriminación alcanzaran la gravedad necesaria para ser considerados persecución, tal como lo exige la normativa internacional y española.
Perú: un refugio que nunca fue solicitado
Un punto clave en la decisión judicial es el hecho de que el venezolano residió en Perú durante un período prolongado, contando con autorización de residencia y empleo. La Audiencia Nacional considera que Perú funcionó como un “tercer país seguro” para el solicitante, ya que no intentó solicitar protección internacional allí, a pesar de las circunstancias que describe. La sala destaca que, si bien el gobierno peruano implementó campañas para combatir el racismo y favorecer la integración, el Código Penal del país protege los derechos de las personas LGBTI.
La resolución judicial se produce en un contexto de saturación en las solicitudes de asilo en la Unión Europea, con casi un millón de casos a la espera. El caso del venezolano pone de manifiesto la complejidad de evaluar estas peticiones y la necesidad de contar con pruebas sólidas para acreditar la existencia de persecución, incluso cuando se trata de situaciones de vulnerabilidad y discriminación. Lo que sí es innegable es que, más allá de este fallo judicial, miles de personas siguen buscando refugio en Europa huyendo de la violencia y la incertidumbre en sus países de origen, enfrentándose a un laberinto burocrático que a menudo se cierne sobre sus esperanzas.