Beirut exhala: cinco años después, la investigación por la explosión que partió la ciudad en dos llega a su fin
Cinco años, 200 muertos, 6.500 heridos y un país entero a la espera. La investigación por la explosión que el 4 de agosto de 2020 desfiguró Beirut cerró su ciclo este lunes. El juez Tarek Bitar envió el expediente a la Fiscalía General. No hubo fallo. Solo silencio y la certeza de que el caso ya no puede alargarse más.
El juez que se negó a rendirse
Bitar heredó un caso envenenado. En los primeros meses, los interrogatorios se sucedieron: ministros, directores de aduana, altos mandos militares. Luego llegaron las presiones políticas, las denuncias por “incompetencia” y los recursos que lo obligaron a paralizar la investigación durante más de tres años. Desde diciembre de 2021 hasta enero de 2025, el proceso estuvo congelado mientras el país se desmoronaba afuera.
La lista final de acusados alcanza los 70 nombres. Entre ellos, exministros de Transporte y de Finanzas, altos jefes de seguridad portuaria y responsables de la aduana. Ninguno ha pisado un tribunal todavía. El nitrato de amonio que estalló en el puerto —2.750 toneladas traídas por un barco ruso y abandonadas sin protección desde 2014— sigue sin dueño.
Las familias que no perdonan
Mientras Bitar redactaba el cierre del caso, un grupo de madres permanecía en la puerta del Palacio de Justicia. Llevan 1.700 días con la misma camiseta: una foto de sus hijos y la frase “Justicia por Beirut”. No querían un final rápido. Querían un veredicto. “Prefiero esperar otros cinco años si eso sirve para que los responsables vayan a la cárcel”, me dijo una mujer cuya hija de 23 años murió en la terminal marítima.
Lo que pocos cuentan es que la mitad de los acusados ya no vive en el Líbano. Algunos se mudaron a París, otros a Dubai. Los pasaportes diplomáticos siguen activos. La justicia local no puede tocarlos. La justicia internacional no quiere.
Un país que no puede cerrar la herida
El barrio de Gemmayze todavía huele a cristal triturado. Las fachadas están cosidas con andamios, pero por dentro los edificios siguen vacíos. Los comercios que reabrieron cerraron de nuevo: no hay clientes, no hay luz, no hay dinero. La explosión no solo destruyó un puerto; desgarró el tejido de una capital que ya agonizaba por la crisis económica.
El expediente ahora depende de la Fiscalía General. Podrá archivarlo, podrá reabrirlo, podrá devolverlo. La sociedad civil teme lo pequeño: que el caso se desangre en un cajón hasta convertirse en una nota al pie de la historia reciente. La historia oficial dirá que “se investigó”. La memoria colectiva recordará que nadie pagó.
Bitar, el magistrado que se convirtió en símbolo de resistencia judicial, no habló ayer. Se limitó a firmar el oficio y entregarlo. En los pasillos del tribunal, un empleado comentó: “Se fue más viejo de lo que entró”. La frase resume el país entero.