Bélgica se sienta en el banquillo por mirar a otro lado mientras gaza ardía
Las ONG han arrastrado al Estado belga ante el Tribunal de Apelaciones de Bruselas. Acusación: dejar pasar un año entero entre la primera alerta de La Haya y el primer decreto que cerró el espacio aéreo a los aviones cargados de bombas con destino Israel. En la sala solo hay silencio y ganas de contabilizar la cadena de omisiones.
Una cronología que duele
El 26 de enero de 2024 la Corte Penal Internacional apretó el botón rojo: “todos los Estados” deben impedir un genocidio. bélgica se limitó a “invitar” a sus regiones a revisar licencias de armas. Fueron cuatro meses de trámites, reuniones y “estudios técnicos” mientras los fusiles seguían volando sobre Rafah. El 18 de enero de 2026, cuando por fin llegó el Real Decreto que prohibía el tránsito de armamento, el daño ya tenía nombre: 14 000 niños palestinos muertos, según cifras de la ONU que la propia ministra de Exteriores, Hadja Lahbib, calificó de “insoportables”.
Las organizaciones demandantes —Droit pour Gaza, Asociación Belgo-Palestina y CNAPD— no piden dinero; reclaman vergüenza institucional. Su abogado, Gilles Den Haese, exhibió hoy un correo interno de la DG Defense fechado en abril de 2024: “No suspendemos exportaciones sin instrucciones políticas”. La frase, proyectada en pantalla, sonó como un disparo dentro de la sala.
El precedente que asusta a europa
El tribunal puede elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE. Si lo hace, Bruselas se verá obligada a reescribir el reglamento de control de exportaciones de armamento que ahora mismo es un colador de 27 agujeros nacionales. La Comisión ya ha adelantado que “estudiará” la petición, palabra que en burocracia significa “corramos un tupido velo”.
La parte belga, por boca del fiscal Jean-Marc Fery, argumenta que la obligación de “prevenir” no implica “actuar de forma unilateral”. Traducción: si Francia o Alemania siguen vendiendo misiles, nosotros no vamos a ser los tontos de la clase. El juez-presidente, Laurence Massart, ha pedido un informe adicional sobre las licencias otorgadas entre mayo y diciembre de 2024. Tiene hasta el 12 de julio para pronunciarse; ese día sabremos si la justicia belga tiene memoria o solo buena pluma.
Mientras tanto, el aeropuerto de Liege sigue facturando. En los almacenes de su zona franca aún quedan contenedores marcados “Tel Aviv” cuyo contenido —según el registro aduanero— es “repuestos para telecomunicaciones”. La coordinadora de Droit pour Gaza, Sawsan Khartabil, lo resume con una sonrisa amarga: “Los cables que van a parar a los drones no sirven para llamar a casa; sirven para colgar la línea de Gaza”. La vista queda cerrada. La cuenta atrás, no.