Ben gvir radicaliza: pena de muerte obligatoria para palestinos
Jerusalén, 1 de abril – El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha elevado la tensión en Cisjordania al justificar, con una retórica incendiaria, la ley que establece la pena de muerte automática para palestinos acusados de asesinar israelíes con la intención de destruir al Estado. Una medida que, además de chocar frontalmente con el derecho internacional, desata una ola de críticas y avisa de una escalada en el conflicto.
Un decreto de venganza con sello supremacista
El decreto, aprobado apresuradamente por el parlamento israelí el lunes pasado, busca castigar de forma ejemplar a aquellos que, según la versión oficial, atenten contra la existencia de Israel. Pero lo que realmente alarma es la naturaleza obligatoria de la sentencia, eliminada cualquier atisbo de discrecionalidad judicial. Ben Gvir, conocido por sus posturas extremistas y su filiación a grupos supremacistas judíos, se jacta de haber “eliminado todas las excusas” que hasta ahora impedían la aplicación de esta medida, incluyendo la necesidad de un consentimiento unánime de los jueces o la intervención del Fiscal General. Da la impresión de que se trata de una ley diseñada no para garantizar la seguridad, sino para propinar una venganza premeditada.
La justificación de Ben Gvir, plasmada en una declaración en X (antes Twitter), evoca paralelismos con legislaciones históricas “rechazadas” que, según afirma, “hoy todos comprenden su necesidad”. Un argumento que, más allá de su falacia, revela una peligrosa tendencia a legitimar la violencia y a desoír las voces que claman por el respeto a los derechos humanos.
Derecho internacional en entredicho y discriminación racial
Cinco organizaciones legales y de derechos humanos han presentado ya una apelación ante el Tribunal Supremo de Justicia israelí, denunciando la ley como una “negación total del derecho a la vida” y un acto de “discriminación racial”. El argumento es claro: mientras que para los palestinos de Cisjordania la condena a muerte se vuelve prácticamente inevitable ante un tribunal militar israelí, para los ciudadanos israelíes, incluso los colonos ilegales en territorio ocupado, se imponen requisitos que la hacen casi inaplicable. ¿Es esta la igualdad ante la ley que predican?
Lo que nadie cuenta es que esta ley, además de ser ilegal según el derecho internacional, ignora la complejidad del conflicto palestino-israelí. Reducir la violencia a una simple ecuación de causa y efecto, castigando con la muerte a cualquier persona que manifieste un deseo de ver desaparecer a Israel, es simplificar en exceso una realidad plagada de décadas de ocupación, despojo y frustración.
La cifra habla por sí sola: desde la aprobación de la ley, al menos tres palestinos han sido detenidos y acusados de crímenes que podrían llevarlos a la horca, según informes de organizaciones de derechos humanos. Un claro indicativo de que la nueva legislación no es solo una declaración de intenciones, sino una herramienta para intensificar la represión y perpetuar un ciclo de violencia sin fin.