Bolaños defiende indemnizar sin tope a víctimas de abusos de la iglesia

El Gobierno firmó este lunes el protocolo para reparar a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica, y ya desde el primer minuto quedó claro que el documento levantará ampollas. No hay baremos. No hay cifras mínimas ni máximas. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lo justificó sin rodeos: «Una reparación justa no debe estar determinada por ninguna cifra». Fácil de decir. Más difícil de creer para quienes llevan décadas esperando.

Sin techo ni suelo: la apuesta del gobierno que divide a las víctimas

Bolaños compareció ante los medios tras rubricar el acuerdo junto a la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo. Su argumento central: fijar un umbral mínimo y otro máximo sería una mala noticia, porque hay casos que no tienen precio. Literalmente. «Ha habido casos que han costado la vida», dijo el ministro, y con eso justificó que sean expertos independientes quienes propongan la cuantía y el Estado quien tenga la última palabra.

Lo que sí establece el protocolo son los criterios que pesarán en cada valoración: la gravedad de los abusos, la violencia ejercida, la edad de la víctima en el momento de los hechos, la duración del maltrato y el vínculo entre víctima y agresor. Criterios objetivos, insiste el Gobierno. Criterios que, en la práctica, deberán traducirse en euros por parte de profesionales cuya independencia aún está por demostrar.

El vaticano lo sabía, y el papa también

Bolaños desveló un dato que no estaba en el guion oficial: el Vaticano ha estado al tanto del acuerdo «en todo momento». Más aún, durante la reciente visita de los reyes al Papa León XIV, el propio ministro tuvo la oportunidad de trasladar el acuerdo personalmente al pontífice. Hubo conversaciones «este fin de semana», confirmó. Roma, por tanto, no se ha sorprendido esta mañana.

Las exenciones fiscales, pendientes de una ley que aún no existe

Hay un fleco incómodo que el protocolo no resuelve: las indemnizaciones no quedan exentas de tributación. Quien reciba una compensación tendrá que declararla en el IRPF como cualquier otro ingreso, al menos por ahora. Bolaños prometió que el Gobierno trabaja en una norma con rango de ley para corregirlo y confió en que estará aprobada «en fechas relativamente tempranas». Una promesa sin fecha concreta, en un asunto donde el tiempo ya ha pesado demasiado.

El plazo operativo sí está fijado: el 15 de abril las víctimas podrán empezar a presentar sus solicitudes. Para entonces, el Ministerio habrá realizado «una pequeña modificación estructural» para estar preparado. Pequeña modificación. Para un problema que no lo es.

La iglesia acepta compartir el control, pero reconoce sus límites

El presidente de la CEE, Luis Argüello, fue el más honesto de los que tomaron la palabra. Reconoció que «hay ámbitos donde la reparación integral es imposible» y que ciertas heridas «exceden estos acuerdos». No es una confesión menor viniendo del máximo representante episcopal. También admitió que este mecanismo existe, en parte, porque muchas víctimas «no han confiado en las diócesis ni en las congregaciones». La Iglesia acepta compartir la iniciativa con la administración pública porque no le queda otra salida con credibilidad.

El presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, optó por la pragmática: «Siempre es preferible un acuerdo, aunque no sea perfecto, que ningún acuerdo». Una frase que suena razonable y que, al mismo tiempo, deja entrever que nadie en la sala está del todo satisfecho con lo que se firmó.

Gabilondo pide que nadie tenga que contar su historia dos veces

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, fue quien puso el acento más humano. Dejó claro que este proceso «no es una ventanilla bancaria ni un trámite cosificador», sino un procedimiento «flexible, personalizado y humano». También reconoció lo que muchos ya sabían: «La respuesta es tardía».

El mecanismo funcionará así: un grupo de profesionales independientes del Defensor del Pueblo valorará cada solicitud. En un plazo de tres meses, elaborarán una propuesta de reconocimiento o denegación. Después, la comisión asesora PRIVA tendrá hasta dos meses para pronunciarse. Gabilondo insistió en evitar la revictimización: nadie debería tener que narrar lo que vivió una y otra vez ante distintos interlocutores para ver a quién convence más.

«No es un convenio ni un acuerdo, es un protocolo para hacer funcionar el sistema de reconocimiento con una reparación integral, porque el dolor tiene muchas dimensiones», cerró el Defensor del Pueblo. Cinco meses de proceso burocrático para víctimas que, en muchos casos, llevan décadas cargando con ese dolor. El protocolo existe. Ahora queda ver si funciona.