Bonilla: ¿libertad a la vista o un nuevo embrollo legal?
La sombra de la corrupción se cierne sobre el exministro Ricardo bonilla. Tras más de seis meses en prisión preventiva, su defensa ha solicitado su liberación, argumentando el vencimiento de plazos para la presentación de la acusación formal por parte de la Fiscalía General de la Nación. Un movimiento que, de ser concedido, sacudiría los cimientos de la investigación Ungrd y pondría en tela de juicio la gestión de la Fiscalía en este complejo caso.
La defensa alza la voz: el tiempo juega en contra
Alejandro Carranza, abogado de bonilla, ha sido contundente en sus declaraciones. La defensa sostiene que la Fiscalía, tras imputar al exministro de Hacienda y Crédito Público en diciembre de 2025, no cumplió con el plazo de 120 días para presentar la acusación formal. Un plazo, según la defensa, que ha expirado, generando una situación jurídica favorable al exfuncionario. “¿Cuál es la estrategia de la Fiscalía General de la Nación en este asunto?”, se preguntaba Carranza a través de su cuenta de X, evidenciando la tensión y la incertidumbre en torno al caso.
Pero la Fiscalía responde con firmeza. El ente acusador insiste en que la acusación fue presentada el pasado 7 de abril de 2026, dentro del “término previsto”, e incluye al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves, también implicado en el entramado de corrupción.
Ungrd: un laberinto de contratos irregulares
El caso Ungrd, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ha destapado una red de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno anterior. La Fiscalía señala a bonilla y Velasco de haber orquestado el direccionamiento irregular de proyectos de inversión, tanto en el Instituto Nacional de Vías (Invías) como en la Ungrd, con el objetivo de garantizar el apoyo parlamentario para iniciativas gubernamentales. La cifra es alarmante: 79 contratos, valorados en 612.237 millones de pesos, habrían sido manipulados.
La Procuraduría General de la Nación, sorprendentemente, se ha sumado a la petición de libertad de bonilla, respaldando los argumentos de la defensa y planteando dudas sobre la diligencia de la Fiscalía. Un respaldo que, de ser escuchado por la Corte Suprema de Justicia, podría sentar un precedente importante en materia de derechos procesales.
La investigación revela que los exministros presuntamente intervinieron en la asignación de recursos, influyendo en la selección de empresas y favoreciendo a terceros en detrimento del patrimonio público. Se presume que siete de estos contratos fueron ejecutados siguiendo los intereses particulares de los implicados.
Este caso pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública, para evitar que la corrupción siga erosionando la confianza ciudadana y comprometiendo el desarrollo del país. El desenlace de este proceso judicial servirá como un termómetro de la efectividad de la justicia colombiana frente a los desafíos de la corrupción.