Bonilla libre, pero el caso ungrd sigue abierto: ¿quién pagará la factura?
Ricardo Bonilla, exministro de Vivienda, recuperó la libertad tras una decisión judicial que desmonta la acusación de la Fiscalía. Pero la sombra de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue proyectándose sobre la política colombiana, con varios exfuncionarios aún tras las rejas y un proceso judicial que se perfila como uno de los más complejos de los últimos años.
El tribunal superior da un giro inesperado
El Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida de aseguramiento de Bonilla, argumentando que la Fiscalía superó el plazo legal para presentar el escrito de acusación. Una decisión que, según la magistrada Isabel Álvarez Fernández, no permite “interpretaciones extensivas y de manera desfavorable” de la ley. La defensa del exministro, liderada por Alejandro Carranza, había insistido en que el plazo de 120 días expiró el 1 de abril, desafiando la interpretación de la Fiscalía que buscaba extender ese término a partir de la fecha de captura.
Lo que nadie cuenta es que esta libertad no es una absolución. Bonilla aún enfrentará el proceso judicial en la Corte Suprema, donde la Fiscalía busca probar su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.
Caldas, el magistrado con historial de sentencias duras
El caso ha sido asignado al magistrado Jorge Emilio Caldas, conocido por su rigor y sus decisiones de alto perfil. Su nombre resuena en la condena del exdirector de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, quien pasó más de siete años en prisión por su intervención en una investigación penal. La designación de Caldas sugiere que el proceso contra Bonilla y Velasco se llevará a cabo con escrupulosidad y sin concesiones.
Una red de contratos sospechosos
La investigación sobre la Ungrd ha destapado una red de presuntas irregularidades en la contratación, que involucra a varios exfuncionarios y dirigentes políticos. Además de Bonilla y Velasco, permanecen detenidos Iván Name, expresidente del Senado; Andrés Calle, expresidente de la Cámara; Sandra Ortiz, exalta consejera para las regiones; y Luis Fernando Velasco, también exministro.
La audiencia de acusación está programada para el 29 de abril, momento en el que la Corte Suprema formalizará los cargos contra los exministros. La cifra habla por sí sola: una investigación que ha sacudido los cimientos de la política colombiana y que promete revelar más detalles sobre el manejo de recursos públicos.
Pero la liberación de Bonilla plantea una pregunta incómoda: ¿se está debilitando la capacidad del Estado para perseguir la corrupción? ¿O simplemente se está aplicando la ley, tal como está escrita?