Bruselas suaviza la presión a camiones y autobuses, pero aprieta el 90% de recorte en 2040
El trozo de carretera entre 2025 y 2030 acaba de alargarse para los fabricantes de camiones y autobuses europeos. La UE ha aprobado este lunes una reforma que relaja el tramo intermedio de la senda de descarbonización, aunque mantiene el cartel de meta final: -90% de emisiones en 2040. La medida entra en vigor en 20 días y permite acumular créditos de CO₂ con menos prisa, aliviando la factura tecnológica que las marcas deben afrontar mientras las autopistas aún olvidan los cables de recarga.
Por qué ahora: la infraestructura que nunca llega
El Consejo y el Parlamento han aceptado la propuesta de la Comisión de diciembre: reconocer que la red de recarga para pesados avanza a paso de hormiga. Solo el 10% del corredor transeuropeo TEN-T dispone hoy de puntos de alta potencia para camiones. Con ese panorama, exigir una caída del 43% en 2030 sonaba a imposible para una industria que representa ya el cuarto de las emisiones del transporte por carretera.
La solución técnica pasa por cambiar la regla de cálculo de los créditos. Hasta ahora, los fabricantes debían alinear cada año su flota sobre una línea recta que va del -15% de 2025 al -90% de 2040. Con la reforma, podrán trasladar excedentes de 2025-2029 hacia el lustro siguiente, aligerando la curva de 2030 y ganando tiempo para escalar baterías o celdas de hidrógeno.
Autobuses urbanos, la excepción que confirma la tensión
Los buses de línea ciudadana no se beneficiarán del nuevo mecanismo. Su electrificación ya está más madura —más del 40% de las unidades nuevas en España son eléctricas— y dependen menos de la infraestructura de largo recorrido. Bruselas les mantiene, por tanto, la exigencia original: la senda recta sin desvíos.
Para el resto —camiones de 16 toneladas para arriba, autocares de viaje— el mensaje es doble: sí, hay flexibilidad, pero el destino sigue siendo el mismo. En números: entre 2025 y 2029 podrán sobrecumplir y guardar créditos; entre 2030 y 2034 deberán usarlos; en 2040, el 90% de la huella de CO₂ habrá desaparecido.
El lobby de constructores ACEA respira. Las asociaciones ecologistas protestan: «Aplazar la exigencia intermedia es regalar cuatro años de emisiones extra», advierte Transport & Environment. La factura de la transición, cuentan en Bruselas, sigue siendo de 80.000 millones de euros solo en vehículos y puntos de carga, una cifra que las marcas no pueden asumir sin infraestructura pública.
La norma se publicará en el DOUE la próxima semana. A partir de entonces, las flotas pesadas europeas tendrán margen para respirar, pero también la certeza de que el último cartel, el de 2040, no se mueve ni un centímetro. El reloj sigue corriendo; solo el recorrido intermedio se ha hecho más largo.