Calarcá usó la mesa de paz para ordenar asesinatos y petro calla
Las pantallas de los celulares de alias Calarcá arden y el Gobierno Petro se incendia. Alexander Díaz, el jefe disidente que negociaba en la «paz total», ordenó matar a un exguerrillero que firmó el Acuerdo y reclutó a una niña de 14 años mientras sonreía ante los cronistas. La Fiscalía reabrió el caso, los chats dan asco y la oposición estalla: «Petro los defiende a capa y espada».
Cómo se derrumbó la fachada de negociador
El 6 de enero de 2024, desde la selva de Antioquia, Calarcá escribió sin rubor: «Maten a ese tipo… mátenlo y lo dejan por ahí». La víctima era Juan Gabriel Hurtado Betancour, firmante de paz acusado de «hablar mal». El 23 de julio, otros siete jefes de la disidencia fueron capturados en Anorí y soltados al día siguiente con el sello de «gestores de paz». Entre tanto, alias Mueco presumía el ingreso de Yurelli, la adolescente de Meta que pasó del colegio al fusil.
La fiscal Luz Adriana Camargo tardó meses en admitir lo que los medios denunciaban: Calarcá usó la mesa para tejer su red, asesinar y reclutar. «Su caso es muy grave para estar en una negociación», dijo ayer, como si el escándalo fuera novedad.
La reacción que petro no mencionó
Juan Manuel Galán estalló: «El periodismo terminó haciendo lo que el Estado no quiso». Vicky Dávila lo sintetiza en una frase: «Calarcá maneja al Gobierno con un dedo». María Fernanda Cabal habla de $500 millones de la campaña de Petro que habrían salido del bolsillo de Papá Pitufo, otro señalado de narcotráfico. Daniel Briceño advierte que la inteligencia presidencial está «infiltrada por la guerrilla».
El silencio de Palacio huele a pólvora. Mientras los chats circulan, Petro sigue sin mencionar a Calarcá en sus redes. La «paz total» empieza a parecer un eufemismo de impunidad.
Colombia acumula 16.337 menores reclutados por grupos armados desde 2016, según la Unicef. Uno más no parece cambiar la cifta, pero este caso deja una cicatriz política: el crimen se sentó a la mesa, firmó actas y se llevó la plata. Ahora la oposición pide cabezas y el Gobierno, otra vez, se esconde tras la promesa de una «autoridad legítima» que nunca llega.