Ceuta condena a dos años de cárcel al 'cazador' que pagaba por abusar de adolescentes
La Audiencia de Cádiz en Ceuta ha cerrado el primer capítulo de la operación Varsovia con una condena de apenas dos años de prisión para el hombre que alquiló cuerpos de 14 y 15 años a cambio de billetes, ropa y dosis. El acusado se ha ahorrado el juicio: ha firmado su confesión, ha aceptado la multa de 30 000 euros y se ha comprometido a no acercarse a sus víctimas durante cuatro años. Todo sin pisar el estrado.
El modus operandi: perfiles falsos y promesas de dinero fácil
Entre noviembre de 2022 y julio de 2023, el condenado tejió su red en Instagram y Telegram. Usaba avatares de chico adolescente para ganarse la confianza de chicos y chicas que rondaban los institutos de la ciudad autónoma. La conversación pasaba del like al privado, del privado a la propuesta: 50 euros por una foto, 100 por un encuentro. Si alguien se resistía, subía la apuesta: una sudadera de marca, un porro, una línea de coca.
Las citas se celebraban en pisos vacíos que gestionaba a través de un grupo de WhatsApp donde se intercambiaban claves y horarios. Allí, según la policía, los menores encontraban a otros adultos que también pagaban. El arresto llegó cuando una madre encontró en el móvil de su hija un chat que terminaba con la frase «te espero con el sobre en la mesa».
Varsovia desvela una red en cadena
El caso es solo la primera sentencia de una investigación que ha desembocado en cinco detenciones. Los agentes de la Brigada de Policía Judicial ceutí pusieron nombre a la operación cuando descubrieron que los implicados usaban la palabra clave «Varsovia» para referirse a la «mercancía» que llegaba a la ciudad. Cada adulto operaba por su cuenta, pero compartían el mismo caladero: menores en riesgo de exclusión y con difícil acceso a dinero.
Fuentes del caso confirman que los siguientes juicios llegarán en los próximos meses. La Fiscalía mantiene peticiones de hasta ocho años para quienes ejercieron violencia o suministraron drogas de forma continuada. Mientras tanto, la asociación Almenara, que atiende a menores víctimas de explotación sexual en Ceuta, ha triplicado su plantilla desde que estalló el escándalo. «No es solo un problema de redes sociales —asegura su coordinadora—; es la economía sumergida de un barrio que ha aprendido a vender lo único que tiene: su propio cuerpo».
El condenado ingresará en la prisión de Puerto III en los próximos días. La sala ha acordado que la pena pueda ser revisada al año si cumple los tratamientos obligatorios y no incurre en delitos de violencia de género. Para las víctimas, la medida de alejamiento es el único escudo visible: cuatro años de restricción que empezaron a correr el mismo día en que él pulsó «enviar» en su primer mensaje.