Chihuahua: el ejército refuerza la seguridad ante el auge del crimen
Cien elementos del Ejército y la Guardia Nacional aterrizaron este martes en chihuahua, en una muestra de fuerza federal para contener la escalada de violencia que azota a Ciudad Juárez, Chihuahua capital y Cuauhtémoc. El despliegue, orquestado desde la Secretaría de la Defensa Nacional, busca, al menos en apariencia, revertir la percepción de impunidad que se ha apoderado de la región.
Un operativo aéreo de emergencia
Cinco aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, con capacidad estratégica y pesada, trasladaron a los 500 efectivos desde la base militar de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La logística, aunque aparentemente impecable, plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta del gobierno ante una crisis que se prolonga desde hace meses. La cifra habla por sí sola: Chihuahua, con un promedio de 12 ejecuciones diarias, se ha convertido en el epicentro de la inseguridad en el país.
Según la Defensa Nacional, este refuerzo se suma a las labores que ya realizan la 5/a. y 42/a. Zonas Militares en el estado. Pero, ¿será suficiente para frenar el poderío de los cárteles que disputan el control territorial? El desafío es inmenso. El objetivo, según la dependencia, es inhibir las actividades ilícitas, aunque la experiencia demuestra que la mera presencia de las fuerzas armadas no es garantía de éxito.
La coordinación con las autoridades estatales y municipales es, por ahora, el eje central de la estrategia. Se espera que los efectivos desplegados realicen tareas de disuasión, prevención y patrullajes, con un énfasis en el respeto a los Derechos Humanos y el apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Un compromiso formal, pero que requerirá un escrupuloso control para evitar abusos y arbitrariedades.
Pero hay un detalle que preocupa: la falta de una solución estructural a las causas profundas de la violencia. El crimen organizado prospera en un contexto de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades. Mientras no se aborden estos problemas, cualquier medida represiva, por enérgica que sea, será solo un parche temporal.
El despliegue se produce en un momento de creciente presión social y política sobre el gobierno federal. La ciudadanía exige resultados, y las cifras de violencia no se lo permiten. La pregunta que queda en el aire es si este nuevo operativo será capaz de revertir la espiral de inseguridad que amenaza con desestabilizar a Chihuahua y, por extensión, al país. La respuesta, como siempre, está en el terreno.