Cinco agresoras de bianca vagan sueltas mientras la justicia aún no abre el caso
La madrugada del 22 de marzo, Bianca —Miss Benavente y Miss Trans Zamora— salió del baño del pub de La Bañez con la mandíbula rota y el ojo izquierdo a punto de estallar. Hoy, cinco jóvenes de entre 18 y 24 años pasean por la calle sin pasar aún por el juzgado. La Guardia Civil las arrestó, les leyó los derechos y las dejó ir. El atestado sigue sin llegar. El juzgado de guardia, sin diligencias. La víctima, con cirugía maxilofacial y sesiones de trauma.
El silencio que protege a las agresoras
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la secuencia: detención, comparecencia policial, libertad. Nada más. La plaza 2 de la Sección Civil e Instrucción de La Bañez, que debía instruir, no ha visto un solo papel. El código penal, sin embargo, ya etiquetó los hechos: lesiones y riña tumultuaria. Es decir, una paliza en grupo que pudo dejar a una mujer sin visión.
Lo que nadie cuenta es que la brecha legal empieza en la propia noche. El local cerró a las 4:30, las cámaras internas se apagaron y los testigos —clientes y camareros— se evaporaron antes de que la Benemérita sellara la escena. Resultado: cinco declaraciones espontáneas, ninguna coincidente y una denuncia que llegó 36 horas después, cuando el edema facial de Bianca ya exigía hospital de tercer nivel.
La cifra habla por sí sola: en la provincia de León se denuncian menos de tres agresiones por odio al año, pero el Observatorio Madre Trinidad registra al menos una veintena de casos no registrados. La diferencia se la traga el vacío administrativo.
El récord de libertad provisional que espanta al colectivo
La presidenta de Chrysallis León, Mar García, lo resume en una frase: «Si la víctima no fuese trans, el caso ya estaría en prensa nacional». Lo cierto es que la pasividad judicial reproduce el guion de 2022, cuando otra joven trans fue apuñalada en Ponferrada y el agresor sigue sin juicio. El patrón se repite: falta de agravante de odio, diligencias lentas y la sensación de impunidad que invita a reincidir.
El portavoz de la Guardia Civil en León, Jorge García, asegura que «se agotaron los plazos legales de detención» y que el sumario «se entregará en breve». Breve, en jurisdicción, puede significar tres meses. Tiempo suficiente para que las implicadas borren perfiles de redes, comparezcan en la misma discoteca y la víctima deba cruzarse con ellas en la barra.
Mientras tanto, Bianca se entrena para desfilar este verano con un alambre maxilar y un discurso que ya no cabe en las revistas de belleza. «No quiero ser la chica trans agredida, quiero ser la última», me dijo el martes, cuando aún escupía fragmentos de diente. Su testimonio corre en audio por WhatsApp entre las reinas del circuito provincial: «Si callamos, ganan».
La fiscalía de León estudia ahora si incorpora el agravante de discriminación por identidad de género. Un simple cambio de tipificación que elevaría la pena de cinco a siete años. Pero hay un detalle: la instructora no recibirá el expediente hasta después de Semana Santa. La cuenta atrás vuelve a cero y la calle se queda, otra vez, del lado de quien golpeó primero.