Cobre panamá: el gobierno autoriza la remoción de material para evitar desastre ambiental
Un respiro, aunque precario, para la zona de Donoso, Colón. El Ministerio de Comercio e Industrias ha dado luz verde a la remoción del material mineralizado acumulado en la clausurada mina Cobre Panamá, propiedad de First Quantum Minerals. Una medida urgente, motivada por el riesgo latente de un drenaje ácido que podría devastar el suelo y las fuentes de agua, un escenario que, de materializarse, eclipsaría cualquier beneficio económico potencial.
38 Millones de toneladas en la balanza
La cifra es apabullante: 38 millones de toneladas de roca mineralizada, residuo de la actividad minera previa a la suspensión de operaciones en 2023, yacen esperando su destino. First Quantum Minerals calcula que de este material se podrían extraer aproximadamente 70,000 toneladas de cobre, un volumen que, a los precios actuales del mercado, equivaldría a unos 892 millones de dólares. Pero la urgencia no reside en la potencial ganancia, sino en la necesidad imperante de mitigar un riesgo ambiental inminente.
La decisión gubernamental, respaldada por evaluaciones técnicas, ambientales y legales exhaustivas, se fundamenta en el artículo 115 del Código de Recursos Minerales, entre otros instrumentos legales. Pero la auditoría integral independiente realizada en la zona es el pilar fundamental que justifica este movimiento, señalando la gravedad de la situación y la necesidad de actuar con celeridad.
Más que una reactivación: una medida preventiva
Es crucial entender que esta autorización no implica la reactivación de la mina. Se trata de una acción puntual, de eliminación de condiciones peligrosas. La empresa Minera Panamá, S.A., se encargará de procesar el material almacenado y trasladarlo fuera del país, bajo una supervisión constante por parte del Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Ambiente y otras entidades competentes. El costo total de estas operaciones recaerá exclusivamente sobre la empresa, sin implicar ningún gasto para el Estado.
La paralización de Cobre Panamá, tras las masivas protestas y la declaración de inconstitucionalidad del contrato por la Corte Suprema, dejó una profunda cicatriz en la economía panameña. En 2022, la unidad de Cobre Panamá generó ingresos por 2,959 millones de dólares; una cifra que se redujo a 2,513 millones en 2023, reflejo directo del impacto de la crisis social y regulatoria. La minera, ahora bajo un esquema de mantenimiento y control, se enfrenta al desafío de gestionar este legado ambiental de la manera más responsable posible.
Las regalías correspondientes sobre el concentrado de cobre exportado, una vez comercializable, seguirán aplicándose en línea con lo establecido en 2025. Pero la verdadera victoria, en esta ocasión, no se medirá en dólares, sino en la protección del ecosistema y la tranquilidad de las comunidades aledañas. El gobierno ha apostado por la prevención, una estrategia que, por primera vez en mucho tiempo, parece apuntar a un futuro más sostenible para la región.