Colombia duplica el dinero del comedor escolar y se juega el futuro de 6,2 millones de niños
El Estado colombiano acaba de apostarle 3 billones de pesos —el doble que hace cuatro años— a un solo plato de comida. No es gasto: es una apuesta por la supervivencia escolar de 6,2 millones de menores que, de otro modo, podrían quedarse en casa por hambre o por la necesidad de trabajar. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) ya no es la mamadera grande del recreo; es la red de contención social más ambiciosa que le queda al país.
La guerra que no se ve: alimentar antes que perder
En la frontera con Venezuela, en los corregimientos de Guainía, los maestros llevan meses haciendo clases con la mitad de la sala vacía. Los padres migran, los niños se quedan y la única certeza que les queda es la canasta que llega cada quince días a sus casas. Esa rutina nació como emergencia en la pandemia; ahora se convierte en política de Estado. Para 2026 se repartirán 722 000 canastas adicionales —83 700 millones de pesos solo en transporte y alimentos— a 128 municipios que el mapa oficial clasifica como “de difícil acceso” y la realidad rebautiza como “zonas de olvido”.
La lógica es brutal: si el estudiante no llega a la escuela, la comida viaja hasta él. Así se rompe el círculo vicioso de la deserción temprana que alimenta al crimen organizado. El director de la Uapa, Sebastián Rivera Ariza, lo resume sin eufemismos: “Un niño que come aprende; uno que no come, roba o es robado”.
De 21 a 54 territorios: la expansión que incomodará a muchos alcaldes
Hasta 2022 solo 21 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) lograban coberturas cercanas al 95 %. Para 2026 serán 54, incluyendo Malambo, Soacha, Bolívar, Cartagena y Valledupar, ciudades donde la marginalidad urbana crece más rápido que las aulas. La obligación de firmar el “Pacto por el PAE” obliga a alcaldes y gobernadores a rendir cuentas trimestrales; de lo contrario, pierden el recurso. La advertencia es implícita: el dinero ya no caerá en caja única para que lo administre el político de turno.
El mecanismo de vigilancia incluye fotografías georreferenciadas de cada canasta entregada y una aplicación móvil que el propio estudiante o su familia deben firmar. El Ministerio de Educación ya advirtió: detectar un solo caso de reventa de alimentos implica suspensión inmediata del convenio y denuncia penal. La frase que repiten los funcionarios en privado es clara: “No vamos a permitir que el hambre de los niños financie campañas 2027”.
El precio de la dignidad: 7,24 billones que no vienen de regalo
Entre 2022 y 2026 el presupuesto total del PAE crecerá de 4,33 billones a 7,24 billones de pesos. La mitad del incremento proviene de regalías petroleras que se evaporan cuando cae el precio del barril. Eso explica por qué el Ministerio de Hacienda incluyó una cláusula de ajuste: si los ingresos tributarios bajan, la cobertura se congelará en los niveles de 2025. Es la primera vez que un programa social colombiano incluye un seguro contra el vacío fiscal. La apuesta es tan grande que el propio presidente Petro ha dicho que lo defenderá “como si fuera la paz”.
Mientras tanto, los gremios de transportadores ya negocian una tarifa especial para llever las canastas hasta corregimientos que ni siquiera aparecen en Waze. Y en la selva del Vaupés, los docentes indígenas se capacitan para explicar en tukano y curripaco por qué la lenteja que viene en la bolsa blanca sustituye al plátano que antes regalaba la chagra. La guerra contra el hambre también se habla en lengua nativa.
La meta está escrita en un power point oficial, pero el resultado se medirá en algo más simple: en 2027, cuando llegue el primer informe de deserción escolar del próximo gobierno, colombia sabrá si esos 3 billones valieron la pena. La apuesta está hecha y el plato está servido; ahora solo falta que los niños lleguen a la mesa.