Colombia se parte en dos: el campo explota contra petro por la factura del catastro
El país se ha convertido en una pelea de gritos entre palacios y potreros. El presidente Gustavo Petro acusa a los ganaderos de evadir impuestos; los ganaderos le devuelven el golpe con cifras que suenan a error de calculadora: 2.500.000 % de aumento en Saravena, 201.000 % en todo Arauca. El detonante: la Resolución 2057 que actualiza los avalúos rurales después de tres décadas de abandono estatal. El resultado: el campo colombiano amenaza con parálisis y el Gobierno se juega su credibilidad fiscal.
La cuenta que nadie pidió
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, desglosa la factura en su columna «Avalúos catastrales: la quiebra del campo». Dice que el impuesto predial ya subirá este año y seguirá subiendo los próximos, aunque la ley le ponga techo, porque el nuevo avalúo se multiplica por la tarifa municipal. Un pequeño productor de Suanatlántico que pagaba 400.000 pesos puede verse obligado a desembolsar 4 millones. «El Estado pretende corregir treinta años de negligencia en una sola coletilla de recibo», afirma Lafaurie. La frase resume el resentimiento que anida en las veredas.
La Resolución 2057, firmada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, establece los nuevos valores con base en una metodología que, según los ganaderos, ignora la rentabilidad real de la tierra. El artículo 9 de la Ley Agraria de 1993 ordena valorar predios rurales según su capacidad productiva, pero los productores aseguran que el IGAC prefirió ajustar al alza por cercanía a vías, urbanizaciones o proyectos de desarrollo. «Así hasta el potrero más pelado termina valuado como apartamento en Usaquén», ironiza un ganadero de Nariño.
El presidente que no cede
Petro, por su parte, insiste en que la actualización es un paso de paz. En el Consejo de Ministros del 24 de marzo repitió su mantra: «El objetivo es que los terratenientes paguen impuestos». Descalificó la protesta como campaña de la derecha y prometió subsidios para campesinos con menos de 20 hectáreas. El problema: los subsidios no llegan todavía y los recibos sí. «Nos prometieron que el impuesto iba para los ricos, pero el cartero trae malas noticias a todas las puertas», cuenta Guillermo Rincón, arrozista en Tolima, cuyo avalúo se disparó 900 %.
El Ministerio de Hacienda calcula que el 70 % de los predios rurales quedarán excentos o pagarán tarifa mínima, pero Lafaurie desenmascaró el dato: esa exención depende de que cada municipio la apruebe antes de septiembre. De lo contrario, el recibo llegará con el valor pleno. «El Gobierno juega a la ruleta y el campo pone la bala», dice el dirigente ganadero.
El país que se rompe por la mitad
Mientras tanto, los departamentos que más dependen de la ganadería —Córdoba, Sucre, Casanare— ya anuncian paros técnicos y caravanas de tractores. El arroz, la leche y la carne subirán de precio, advierten los gremios, porque el productor trasladará el nuevo costo al consumidor. El Banco Mundial, que financió parte del catastro multipropósito, observa con preocupación: un impuesto mal implementado puede revertir el escaso avance en formalización de tierras que llevan décadas prometiendo.
La pelea deja al descubierto una herida vieja: solo 4,05 millones de predios rurales —el 26,2 % del total— están registrados con datos confiables. El resto vive en el limbo legal, sin títulos, sin servicios, sin acceso a crédito. «Actualizar el avalúo sin resolver la titulación es como ponerle precio al aire», advierte Ana Milena Guerrero, investigadora de la Universidad Nacional. El campo colombiano ya arrastra la peor productividad de la región y la más alta concentración de tierra: 0,4 % de los propietarios posee el 46 % del suelo rural. Ahora, encima, llega la factura.
El tiempo se agota. El próximo 30 de junio vence el plazo para presentar reconsideraciones ante el IGAC. Lafaurie convoca a una gran marcha en Bogotá para el 15 de mayo. El Gobierno, por su parte, prepara un decreto de gradualidad que congelaría aumentos superiores al 50 %, pero los textos aún circulan en borradores. Entretanto, los recibos siguen llegando. Y en cada vereda, entre el guayacán y el río, el productor hace la cuenta: o paga el impuesto, o paga la siembra. No le alcanza para las dos.