Colombia y las farc disidentes: un acuerdo frágil tras la violencia

Un detonante sangriento – la muerte de tres militares en Ipiales – obligó a un nuevo, y sorprendente, acercamiento entre el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una escisión de las disidencias de la Segunda Marquetalia.

Reanudación del diálogo: un respiro en la crisis

Tras una semana de silencio impuesto por la propia CNEB, producto de la balacera, las partes han acordado retomar las conversaciones durante la primera semana de junio, en la octava ronda de negociaciones. El comunicado conjunto, aunque velado en su tono, reconoce un “proceso de diálogo constructivo y respetuoso” – un eufemismo, quizás, para la urgencia con la que se ha forzado este respiro.

La CNEB, liderada por el veterano guerrillero José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’, ha asumido la responsabilidad por los hechos en Ipiales y se compromete, de forma cautelosa, a no planificar ni ejecutar ataques contra las fuerzas de seguridad y a acatar el Derecho Internacional Humanitario. Una promesa que, dada la historia de este grupo, merece un escrutinio particularmente riguroso.

Avances y tensiones: más allá de las minas

Avances y tensiones: más allá de las minas

Durante la séptima ronda de contactos, se lograron avances “concretos” en temas clave: la ubicación temporal para personas desmovilizadas, la sustitución de cultivos ilícitos y aspectos jurídicos relacionados con la transformación territorial. Pero la situación es mucho más compleja. La creciente hostilidad de otra disidencia, la del Estado Mayor Central (EMC) liderada por Néstor Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, – responsable de una veintena de muertos en los últimos días – vierte una sombra de incertidumbre sobre este nuevo acuerdo.

‘Iván Mordisco’ y sus fuerzas han intensificado sus ataques, desestabilizando aún más un panorama ya de por sí volátil. La CNEB, por su parte, se debate entre la necesidad de negociar y la presión interna para mantener su posición de fuerza. El conflicto, en definitiva, se ha replanteado en un contexto de creciente violencia y desconfianza.

La amenaza de las minas antipersona, el principal objetivo de la octava ronda, sigue siendo un punto de fricción. La CNEB ha mostrado disposición a retirarlas de las zonas de operación, pero la implementación de este acuerdo – y, por ende, la paz – dependerá de la voluntad política de ambas partes y de la capacidad de garantizar el cumplimiento de los compromisos. No hay optimismo fácil, ni garantías reales. Solo una frágil tregua en medio de una guerra que parece no tener fin.