Condenan a 16 años al constructor del fraude de los carrotanques de la guajira
La Justicia le dio la espalda ayer a Francisco Javier Estupiñán Bravo, el hombre que prometió 40 carrotanques para saciar la sed de la Guajira y terminó bebiendo de la chequera pública. Un juez penal de Bogotá lo condenó a 16 años, 7 meses y 6 días de cárcel por un desvío de $11.114 millones que, en vez de agua, llenó bolsillos ajenos.
El contrato que nunca existió
La historia empezó el 11 de octubre de 2023, cuando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) firmó la orden de proveeduría 185. Objeto: 40 tanques rodantes para llevar agua potable a comunidades wayúu. Precio: $29.000 millones. Estado de los vehículos: ni un solo tornillo ensamblado.
Estupiñán, entonces gerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, presentó papeles que juraban una alianza con un concesionario automotriz. La Fiscalía demostró que la alianza era un espejismo y que los documentos eran falsos. No importó. El desembolso se hizo: $24.406 millones que salieron del erario cuando los carrotanques eran apenas chatarra en proceso.
El sobrecosto que revela la voracidad
Los peritos contables encontraron la huella digital del saqueo: un sobrecosto de $11.114 millones. De ese pastel, Estupiñán se quedó con $4.330 millones; el resto, $6.784 millones, se repartió entre terceros que aún no tienen nombre ni rostro. La voracidad fue tal que ni siquiera esperaron a que los tanques existieran para cobrarlos.
El exfuncionario aceptó los cargos de peculado por apropiación y en favor de terceros, ambos agravados, además de interés indebido en la celebración de contratos. Sobre él pesan aún dos procesos por falsedad ideológica y falsedad en documento privado. La sentencia, además de cárcel, incluye multas y pérdida de investidura.
El prófugo que aún mueve los hilos
Mientras Estupiñán se prepara para cumplir su condena, César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, sigue fugaz. El Juzgado 11 Penal de Bogotá ratificó la orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol. Para el juez, Manrique representa riesgo de fuga y de entorpecer la investigación que ya salpicó a ocho exfuncionarios de la Ungrd.
El caso deja al descubierto la red que convirtió la emergencia humanitaria de La Guajira en un negocio redondo. Mientras los wayúu siguen caminando kilómetros por un litro de agua, los responsables de su sede ya tienen fecha de caducidad en la cárcel.