Congreso desata crisis fiscal: gasto público se dispara a s/ 11.400 millones – s/ 15.000 millones

El Consejo Fiscal ha disparado la alerta sobre la salud de las finanzas públicas peruanas. Un paquete de normas aprobadas en menos de un mes podría implicar un gasto adicional de al menos S/ 11.400 millones en 2026, ascendiendo hasta S/ 15.000 millones en 2027, según estimaciones del organismo.

Congreso aprueba normas millonarias sin respaldo financiero

La medida, que incluye incrementos en pensiones para militares, policías y docentes jubilados, así como beneficios laborales para trabajadores bajo el régimen CAS, ha generado una fuerte condena por parte del Consejo Fiscal y economistas. La preocupación central reside en la ausencia de fuentes de financiamiento claramente definidas para estas nuevas obligaciones.

“La aprobación de normas sin un financiamiento establecido pone en riesgo las cuentas fiscales del país”, advierte Víctor Fuentes, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE). Fuentes señala que esta situación no solo afecta la sostenibilidad fiscal, sino que también impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

El informe del Consejo Fiscal desglosa los principales focos de gasto. La nivelación de pensiones de maestros jubilados y cesantes representa un impacto de al menos S/ 8.000 millones anuales. A esto se suma el costo aproximado de S/ 3.000 millones para los beneficios a trabajadores CAS.

Pero la cifra más alarmante se encuentra en la modificación del régimen pensionario militar y policial, que podría alcanzar los S/ 15.000 millones anuales. La creación de nuevas universidades, bonificaciones para veteranos de la pacificación nacional y cambios en los contratos del sector salud complican aún más la situación.

El Consejo Fiscal no solo señala el impacto inmediato en el déficit fiscal –que se estima en S/ 6.500 millones adicionales en 2026– sino que también advierte sobre el alto costo de oportunidad. Los S/ 11.400 millones aprobados en marzo equivalen a varias veces el presupuesto de programas sociales clave, lo que implica una redefinición de prioridades que podría perjudicar a los más vulnerables.

El organismo también critica la inacción del Poder Ejecutivo, al no haber cuestionado estas normas con alto impacto fiscal ni activar mecanismos legales para contenerlas. Se recuerda que existe una prohibición expresa de aprobar incrementos en gasto en personal y pensiones durante los primeros meses de un año electoral, una norma que, según el Consejo Fiscal, ha sido vulnerada.

“Tenemos dos alternativas: o reducimos otros gastos. Por ejemplo, con los incrementos en las remuneraciones del Congreso se afectaron partidas para Beca 18 y otros gastos que impulsan la productividad de los jóvenes. Es una manera de ajustarse, es decir, reducir gastos”, explica Fuentes.

El deterioro fiscal será cada vez más difícil de revertir. Si no se toman medidas correctivas, el Perú podría enfrentar un nuevo incumplimiento de las reglas fiscales en 2026, dañando su credibilidad y comprometiendo la estabilidad económica a largo plazo. El Congreso, con su aval, ha puesto en riesgo la disciplina fiscal del país.