Consulta de la ley de cuidados: exclusión paradójica en la ciudad de méxico
La Ciudad de México, ferviente defensora de la igualdad de género, se enfrenta a una ironía palpable: las propias cuidadoras, quienes sostienen la estructura social, resultan excluidas de la consulta pública para una ley que precisamente busca aliviar su carga. El debate sobre la Ley del Sistema de Cuidados, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ha desatado una ola de críticas en redes sociales, exponiendo una brecha preocupante entre la intención legislativa y la realidad de quienes más se beneficiarían de esta iniciativa.
La paradoja de la accesibilidad
El Congreso de la Ciudad de México ha organizado una consulta pública en tres etapas, pero la exigencia de participación presencial, en el Salón “Nelson Mandela” a las 17:00 horas, se ha revelado como un obstáculo infranqueable para muchas cuidadoras. La usuaria Montiel Monita, cuya experiencia de cuidado continuo de su esposo es solo un reflejo de la situación de miles, lo ha expresado con contundencia: “Es que no me puedo separar, cuido a mi marido 24/7”. La exigencia de trasladarse al Congreso, en un horario que dificulta la conciliación con las responsabilidades de cuidado, se presenta como una barrera sistémica.
La propuesta del Sistema Nacional de Cuidados, ahora en manos del Congreso, busca erradicar la histórica división del trabajo que relegó a las mujeres al ámbito doméstico, y convertir a la Ciudad de México en pionera constitucional en esta materia. Pero, ¿cómo lograr una transformación real si quienes la necesitan más son, a su vez, las más marginadas del proceso de diseño?
Un panorama desolador tras bambalinas
Los datos de la consulta previa revelan una realidad alarmante: el 92% de las personas que realizan tareas de cuidado no reciben apoyo económico, y más de la mitad dedica más de 12 horas diarias a estas actividades, sin apenas descanso. Esta explotación silenciosa, que recae desproporcionadamente sobre las mujeres, se agrava con la dificultad para participar en la construcción de una ley que podría, al menos, visibilizar y mitigar sus desafíos.
La invitación de Cecilia Vadillo Obregón a participar en las mesas deliberativas, dirigidas a sectores específicos como personas con discapacidad, adultas mayores, personas en situación de calle y niños, adolescentes, se topa con la cruda realidad de la falta de accesibilidad. El registro, a través de correo electrónico ([email protected]), exige tiempo y recursos que muchas cuidadoras simplemente no tienen.
La ironía es palpable: la Ciudad de México, que se proclama defensora de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género, se muestra incapaz de garantizar la participación efectiva de las propias mujeres que sostienen el sistema de cuidados. La ley, concebida como un instrumento de justicia social, corre el riesgo de perpetuar las desigualdades que pretende combatir.
El Congreso ha abierto el proceso a diversas etapas y mesas deliberativas, pero la forma en que se ha implementado la consulta pública pone en entredicho su compromiso real con la inclusión y la equidad. La verdadera transformación no se logra con leyes en el papel, sino con la participación activa y efectiva de quienes más se ven afectadas por las desigualdades.
Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en un eco de la frustración y la indignación de las cuidadoras, quienes se sienten invisibilizadas y excluidas de un proceso que, en teoría, les concierne directamente. La pregunta no es si la ley es buena en sí misma, sino si el proceso para aprobarla es justo y equitativo. Y, sobre ese aspecto, la respuesta es, por el momento, profundamente preocupante.