Contratos al cric: ¿apoyo indígena o jugada electoral de petro?
La sombra de la sospecha se cierne sobre la adjudicación de más de 218.000 millones de pesos en contratos directos al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) por parte del Gobierno de Gustavo Petro. La senadora María Fernanda Cabal ha encendido la polémica, acusando al mandatario de favorecer a esta organización indígena con el objetivo de obtener réditos electorales, una acusación que, de confirmarse, sacudiría los cimientos de la transparencia en la gestión pública.
Un timing cuestionable: la ley de garantías y los contratos a dedo
La controversia radica, en primer lugar, en el momento en que se firmaron los contratos. Según revelaciones de El Colombiano, tres acuerdos por un valor de 3.929 millones de pesos fueron adjudicados al Cric apenas un día antes de la entrada en vigor de la ley de garantías, una norma diseñada precisamente para evitar la contratación directa y la manipulación de nóminas en el periodo previo a las elecciones. Un detalle que, según la oposición, apunta a una posible estrategia para influir en el electorado.
Pero hay un detalle más preocupante: los contratos se realizaron bajo un esquema de “flexibilidad”, apelando a criterios como el “conocimiento ancestral” y la “representatividad territorial” para justificar la omisión de procesos de licitación competitivos. Expertos consultados por los medios han advertido que este modelo abre la puerta a la opacidad y dificulta el control y la fiscalización de los recursos públicos, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones.
La cifra habla por sí sola: Un total de 23 contratos, provenientes de diversas entidades estatales como el DNP, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud, se han adjudicado al Cric y a otras organizaciones indígenas. Y la suma total, según datos del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), supera los 31 billones de pesos en lo que va de la administración Petro. Una cantidad que, inevitablemente, levanta ampollas.
La senadora Cabal ha ido más allá, señalando directamente a Iván Cepeda y Aida Quilcué, postulados al Senado, como posibles beneficiarios de este supuesto apoyo electoral. La congresista del Centro Democrático cuestiona si la asignación de fondos masivos se está traduciendo realmente en una mejora tangible de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, o si se trata simplemente de un vehículo para obtener votos.
El Cric, una de las estructuras indígenas más influyentes del país, ha defendido la necesidad de flexibilidad en la contratación con organizaciones indígenas, argumentando que responde a la autonomía y capacidad de gestión de los territorios. Sin embargo, la magnitud de los recursos y el timing de los acuerdos han generado un intenso debate sobre la ética y la legalidad de estas prácticas.
Mientras tanto, en el corazón del Cauca, integrantes de la guardia indígena han realizado rituales espirituales, rezos a los espíritus, una práctica ancestral que, paradójicamente, se ha vuelto objeto de escrutinio en medio de la controversia. La política, al parecer, ha llegado incluso a estos sagrados espacios.
La situación pone de manifiesto una vez más la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los recursos públicos, especialmente cuando se trata de comunidades vulnerables. La ciudadanía merece respuestas claras y contundentes: ¿estos contratos representan un apoyo genuino a las comunidades indígenas o una estrategia política encubierta?