Correos se enfrenta a un tsunami de 500.000 trámites sin plan ni refuerzos

La plantilla de Correos desayunó el lunes con una bomba de relojería entre las manos: entre abril y junio deberá tramitar hasta un millón de solicitudes de la nueva regularización de migrantes sin que nadie les haya explicado cómo. El sindicato FSC-CCOO ha pedido una reunión urgente al presidente, Juan Manuel Sánchez, y advierte de que el sistema postal puede colapsar si no hay refuerzos, formación y dinero de por medio.

La misiva que nadie quería abrir

El texto que CCOO entregó en la sede central de Príncipe de Vergara no admite eufemismos: «Información inmediata, negociación real, refuerzos de plantilla, formación adecuada, medios suficientes y compensación económica». Seis peticiones en una sola frase que suenan a ultimátum. La razón: la dirección ha mantenido a la fuerza laboral en la ignorancia total sobre un operativo que, por primera vez, sitúa a Correos como infraestructura crítica de un Estado que quiere sacar de la economía sumergida a medio millón de trabajadores.

Lo que nadie cuenta es que España ya ha hecho seis procesos similares desde los 90, pero nunca antes se había usado la red de carteros como filtro inicial. El procedimiento es simple: el extranjero presenta en una oficina la solicitud, Correos entrega la carta de resolución y actúa de ventanilla única. El problema: la plantilla actual está 2000 empleados por debajo del nivel pre-pandemia y la sobrecarga ya es del 28 % en capitales como Madrid o Barcelona.

Cartas contra reloj y sobres que pesan más de 20 gramos

Cartas contra reloj y sobres que pesan más de 20 gramos

La cifra habla por sí sola: si se confirma el millón de casos, cada cartero de la península debería gestionar 64 expedientes más en tres meses, además de su rutina diaria. «Un despliegue de esta magnitud no se improvisa ni descarga sobre la buena voluntad de la plantilla», advierte el sindicato. La amenaza es real: en la regularización de 2005 se registraron colas de hasta siete horas en oficinas de Valencia y Sevilla, y aquella vez solo se tramitaban 600.000 casos.

El Ministerio de Inclusión se ha limitado a enviar un protocolo de 22 páginas que, según los delegados, «confunde más que aclara». No hay criterios sobre qué hacer si falta un documento, cómo gestionar menores incluidos en la solicitud ni quién responde si el sobre se pierde. «Nos han convertido en aduanas improvisadas sin darnos ni un cursillo de 20 minutos», lamenta María José Landín, delegada de CCOO en A Coruña.

El negocio oculto detrás del sello

El negocio oculto detrás del sello

Correos percibirá 4,5 euros por cada solicitud entregada, lo que arroja unos ingresos extra de hasta 4,5 millones si se alcanza la cifra alta. Pese a ello, la plantilla no verá un céntimo: la dirección ha descartado la gratificación extraordinaria argumentando que el servicio forma parte del Servicio Postal Universal. «Es como si nos piden jugar la Champions con las zapatillas de correr del instituto», ironiza un cartero con 22 años en la empresa que prefiere no dar su nombre.

El reloj sigue corriendo. El plazo para presentar solicitudes arranca el 15 de abril y Correos tiene previsto inaugurar 61 puntos de atención temporal, pero solo 17 contarán con personal adicional. El resto dependerá de los mismos empleados que ya atienden a diario reclamaciones de eCommerce, avisos de la Renta y la habitual riada de cartas certificadas. La historia, como tantas otras, terminará en las colas de las oficinas más saturadas. Y la factura, como siempre, la pagarán los de abajo.