Costa rica: ¿un bebé por ley? nueva iniciativa busca revertir el declive demográfico
La Asamblea Legislativa de Costa Rica ha presentado una propuesta legislativa que, si se aprueba, podría redefinir la protección laboral y fiscal para padres y madres con hijos menores de dos años. En un país que ve cómo su tasa de natalidad se desploma a niveles alarmantes, la medida busca, al menos en teoría, incentivar la formación de familias y aliviar la presión económica que muchos jóvenes enfrentan.
El precipitado descenso de la natalidad: un problema demográfico urgente
La cifra habla por sí sola: en 2014, el promedio de hijos por mujer era de 1.78. Hoy, en 2024, esa cifra se ha reducido a un preocupante 1.12. Un descenso que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, está directamente relacionado con la percepción de altos costos económicos asociados a la crianza. La falta de estabilidad económica, en particular, se ha convertido en un factor decisivo para muchas parejas que posponen o renuncian a tener hijos.
La iniciativa legislativa, impulsada por las diputadas Sofía Guillén y Joselyn Sáenz Núñez, pretende abordar este problema de frente. La propuesta central es una extensión de la protección laboral: ahora, tanto madres como padres estarán protegidos contra el despido hasta que sus hijos cumplan los dos años de edad. Anteriormente, esta protección se limitaba al período de embarazo y licencia de maternidad.
Pero la legislación no se detiene en la protección laboral. El proyecto también contempla exoneraciones fiscales significativas, incluyendo la eliminación del IVA para productos de lactancia, servicios médicos posparto y otros artículos esenciales para la crianza. Asimismo, se busca facilitar el acceso a créditos para emprendedores y pequeñas empresas lideradas por padres recientes, priorizándolos dentro de la banca para el desarrollo.
Lo que nadie cuenta es el impacto de estas medidas en la economía familiar. La suma de estos incentivos fiscales y la prioridad en el acceso a créditos podría, en principio, aliviar una carga considerable para familias jóvenes, permitiéndoles enfocarse en el desarrollo de sus hijos sin la constante preocupación económica.
Además, la propuesta busca promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, con campañas informativas destinadas a involucrar a familiares y a la sociedad en general. La diputada Guillén ha enfatizado la necesidad de “crear un entorno seguro, sano y estable en donde esas familias puedan desarrollarse”, una declaración que, si bien suena a cliché, refleja la ambición de este proyecto.
Sin embargo, la efectividad de estas medidas es aún incierta. ¿Serán suficientes para revertir la tendencia demográfica? ¿Podrán contrarrestar la persistente sensación de inseguridad económica que afecta a muchos costarricenses? La respuesta, probablemente, estará en la implementación y en la capacidad del gobierno para garantizar que estos beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. El desafío es grande, pero la urgencia de la situación lo justifica.
Mientras tanto, la propuesta legislativa se abre paso en la Asamblea, generando debates y expectativas. La natalidad costarricense está en una encrucijada, y esta iniciativa representa un intento, aunque sea modesto, de cambiar el rumbo.
Un futuro pendiente de resolución
La iniciativa, por ahora, es solo un esbozo. Su éxito dependerá de la negociación política y del apoyo ciudadano. Pero, por primera vez en mucho tiempo, existe una conversación pública sobre la necesidad de proteger a las familias y fomentar la natalidad en Costa Rica. Y eso, en sí mismo, ya es un pequeño triunfo.