Defensores de chiapas agonizan bajo una lluvia de balas y silencio oficial
En el sureste de México hay una zona donde la muerte se ha vuelto rutina y la justicia, un rumor. El año pasado, 124 agresiones contra defensores de derechos humanos solo en Chiapas: un incremento del 25 % que desmiente la versión oficial de una región en paz. La cifra habla por sí sola.
La Red TDT, una coalición de más de 70 organizaciones, denunció que el patrón se repite: allanamientos, amenazas, asesinatos. El Centro Fray Matías de Córdova fue saqueado tres veces en meses. A Poulette Celene Hernández, del Centro Digna Ochoa, la hostigan en su propia casa. A la directora de Frayba le irrumpieron la vivienda pese a tener medidas cautelares del Estado. El mensaje es claro: ni siquiera los papeles internacionales blindan.
La búsqueda de un familiar puede costar la vida
Madres en Resistencia Chiapas denuncian golpes y detenciones arbitrarias cuando exigen justicia por sus desaparecidos. Yerli Yaritza, buscadora de 18 años, murió mientras localizaba a su padre. En Veracruz, Magdaleno Pérez Santes fue arrestado por policías municipales, golpeado en la comandancia y entregado a su familia con los pulmones destrozados. Murió al día siguiente. Dos agentes están imputados, pero la cadena de mando sigue intacta.
La violencia no distingue territorio ni causa. La tsotsil Pascuala López ha sido desplazada, amenazada de muerte y atacada con armas de fuego por proteger su montaña. La radio comunitaria Radio Teocelo, con 60 años al aire, enfrenta multas y juicios que buscan callarla. El gobierno responde con silencio y, cuando se ve forzado, con operativos militares que aumentan la sensación de ocupación.
El estado usa el miedo como política de contención
Red TDT sostiene que la impunidad no es fallo: es estrategia. Allanamientos simultáneos, difamación en medios afines, persecución fiscal y despliegue de fuerzas armadas configuran un aparato que criminaliza la protesta. El objetivo: desarticular la organización social antes de que florezca. La fiscalía abre expedientes que mueren en el cajón; las medidas de protección llegan tarde o nunca.
Mientras tanto, la frontera Sur se militariza bajo discurso migratorio y el Istmo se llena de proyectos que requieren tierras vacías. Defender el territorio se traduce en obstáculo para la inversión. El resultado: riesgo letal para quien se interpone.
La denuncia cierra con una advertencia que suena a epitafio: mientras defender derechos humanos implique arriesgar la vida, la responsabilidad del Estado será, simplemente, imprescindible. La historia reciente de Chiapas y Veracruz demuestra que, de momento, ese precio lo siguen pagando los de abajo.