Defensoría, ¿adalid o cómplice? nuevos frentes en el caso cerrón
La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Josué Gutiérrez, se encuentra en el ojo del huracán. Lejos de actuar como garante de los derechos fundamentales, parece haberse convertido en una herramienta política para defender a prófugos y procesados por graves delitos, incluyendo al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. La reciente intentona de intervenir en su caso ha levantado ampollas y cuestiona la imparcialidad de la institución.
El amicus curiae desnaturalizado
La figura del amicus curiae, un tercero que aporta argumentos jurídicos al juez, debería ser un instrumento para enriquecer el debate legal. Sin embargo, en la gestión de Gutiérrez, ha mutado en una estrategia para favorecer a acusados de corrupción y crimen organizado. Recordemos los casos del expresidente Vizcarra, la expremier Betssy Chávez, y el exministro Urresti, todos ellos beneficiados por la intervención de la Defensoría. Un patrón preocupante que erosiona la confianza en la justicia.
La Procuraduría General de la Nación ya había denunciado a Gutiérrez por presionar al Poder Judicial para que considerara el estado de salud de Nadine Heredia en un proceso de impedimento de salida, una clara muestra de intromisión en la independencia judicial. Pero el episodio más reciente, el intento de la Defensoría de ser amicus curiae en el caso de Vladimir Cerrón, ha sido un golpe de gracia.
El juez Leodan Cristóbal rechazó tajantemente la solicitud, dejando claro que no existe “ninguna decisión que adoptar” en el incidente de prisión preventiva. La orden de captura contra Cerrón es firme y debe ser ejecutada. La respuesta del magistrado, contundente, desmanteló la pretensión de la Defensoría de meterse en un proceso donde no tiene cabida. La Justicia, al parecer, ha puesto un alto a las maniobras.
Cerrón atascado en el tribunal constitucional
Mientras tanto, la situación de Vladimir Cerrón se complica aún más. Su demanda para anular la prisión preventiva se encuentra paralizada en el Tribunal Constitucional, tras la revelación de una irregularidad en su tramitación. La presidenta del TC, Luz Pacheco, denunció que el proyecto de sentencia, que proponía darle la razón a Cerrón, fue elevado al Pleno sin cumplir los procedimientos internos. Un fallo que pone en tela de juicio la transparencia del Tribunal y deja al prófugo en una situación aún más precaria. La cifra habla por sí sola: un líder político fugitivo, acusado de delitos graves, cuya defensa se apoya en manejos irregulares y la intervención de una institución que debería ser garante de la legalidad.
La Defensoría del Pueblo, otrora defensora de los ciudadanos, parece haber perdido el rumbo, convirtiéndose en un baluarte para la impunidad. El futuro de Josué Gutiérrez, y la credibilidad de la institución que dirige, penden de un hilo.