Defensoría al borde del colapso: recortes presupuestales ahogan la protección a víctimas
La Defensoría del Pueblo, pilar fundamental en la defensa de los derechos humanos en Colombia, se encuentra en una situación crítica. Un nuevo y drástico recorte presupuestal, proyectado para 2027, amenaza con paralizar sus operaciones y dejar desprotegida a una población civil ya vulnerable, especialmente a las víctimas de la violencia armada. La noticia, revelada por la propia defensora Iris Marín, ha desatado una ola de críticas y preocupación en diversos sectores del país.
El ajuste: un 17% menos desde 2024
La magnitud del ajuste es alarmante. Según Marín, se pasará de una inversión de 85.610.000 pesos a tan solo 66.403.000 pesos, representando apenas el 40% de los recursos disponibles en 2024. Esta reducción se suma a una merma del 5% ya ejecutada en 2026, lo que implica una disminución acumulada del 11% frente a 2025 y un impacto devastador del 17% en comparación con 2024. La Defensoría ha solicitado formalmente al ministro de Hacienda, Germán Ávila, que revise esta decisión, pero la respuesta aún pende de un hilo.
Lo que nadie cuenta es que este recorte llega en un contexto de creciente violencia armada y retroceso en la cooperación internacional. La presencia de grupos armados en territorios clave dificulta el acceso de misiones humanitarias, exacerbando la vulnerabilidad de las comunidades.
Jennifer pedraza: “se defienden los derechos con presupuesto, no con discursos”
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza no ha tardado en alzar la voz contra esta política gubernamental. Con una contundencia poco común en la arena política, Pedraza cuestionó el discurso del presidente Petro sobre los Derechos Humanos, afirmando tajantemente: “Se defienden con presupuesto, no con carreta”. Sus palabras, compartidas en redes sociales, reflejan la frustración de muchos que ven con preocupación cómo la Defensoría, una institución clave en la defensa de los derechos, es sistemáticamente debilitada.
La cifra habla por sí sola: el 40% de la población reporta dificultades para acceder a tratamientos médicos, y los gastos de bolsillo en salud han alcanzado un alarmante 17,2%, el nivel más alto registrado. En paralelo, el sector farmacéutico ha experimentado un crecimiento del 9%, evidenciando un desajuste preocupante entre la crisis sanitaria y los intereses económicos.
Pero hay un detalle más preocupante: mientras la Defensoría lucha por mantener su operatividad, las tutelas relacionadas con la salud han superado las 312.500, representando el 34% del total. Un claro síntoma de la crisis que se agudiza y que, según la Defensoría, exige una reforma estructural del sistema de salud.
La discusión sobre el presupuesto de la Defensoría del Pueblo continuará en las próximas semanas, pero la incertidumbre planea sobre el futuro de esta institución y, lo que es más importante, sobre la protección de los derechos de los colombianos. La advertencia de Iris Marín es clara: asfixiar la prevención no es un recorte técnico. Es una decisión política que terminan pagando las víctimas.