Denuncian al senador alirio barrera por violación en su despacho de gobernador
La Corte Suprema abrió investigación formal contra alirio barrera, senador del Centro Democrático, por una denuncia de presunta agresión sexual que arrastra diez años de silencio. La víctima, que trabajaba en la Gobernación de Casanare y pedía fondos para un campamento religioso, asegura que el entonces mandatario la besó a la fuerza y la paralizó con un maletín de 400 000 pesos en la mano.
Una cita oficial que terminó en pesadilla
La mujer recuerda el 2016 como un día de tramites burocráticos. Subió al segundo piso de la gobernación, dejó el celular en la portería —regla de seguridad— y entró al despacho de Barrera. “Me recibió con un beso en la boca que no pedí”, dijo a Cambio. La excusa oficial era gestionar carpas y colchonetas para un retiro juvenil; el resultado, según su relato, fue un cuerpo congelado y un sobre con billetes que el gobernador sacó de una maleta plateada. “Me dijo: ‘Tome, para los muchachos’. Salí temblando y lo primero que pensé fue: nadie puede saber esto”.
El miedo se instaló como un segundo empleo. La denunciante dejó la gobernación, se alejó de la política y durante dos lustros cargó el recuerdo en soledad. “Cada vez que un hombre se me acerca pongo la piel de gallina”, confiesa. El detonante para hablar fue ver que Barrera, lejos de perder poder, se convirtió en senador y se perfilaba para una reelección. “Entendí que no iba a soltar el mando nunca”.
El aliado que se volvió denunciante
El nombre de Jorge Enrique Ortiz, alias Segurito, aparece en el expediente como quien formalizó la querella ante la Corte. Fue él quien grabó un video la víspera de las elecciones de marzo y estalló la bomba en redes: “He denunciado a Josué Alirio Barrera por abuso sexual”. La relación entre ambos hombres fue estrecha en 2015, cuando Ortiz movió cientos de votos para la campaña de Barrera a la gobernación. La ruptura llegó por disputas de poder y ahora Ortiz asegura que no busca rédito político: “Ni siquiera contratamos abogado, no tenemos para eso”.
La defensa del senador, por su parte, califica la maniobra como “persecución de campaña” y advierte que no existe prueba material. En efecto, no hay video, no hay mensajes, no hay testigos directos: solo la palabra de la víctima y el sobre con los 400 000 pesos que nunca fueron registrados en contabilidad. La Corte, empero, ya abrió preinstrucción bajo la Ley 600 y citará a declarar a Barrera en los próximos días.
El precio de callar en casanare
En la región oriental, donde el poder político y el petróleo se reparten el mismo territorio, denunciar a un caudillo suele costar caro. La denunciante vive hoy fuera del departamento y pide reserva total de su identidad. “Si me hubiera quejado en 2016, me queman la casa, me quitan el trabajo y me dejan sin redes”, dice. Ahora, con la investigación en manos del alto tribunal, espera que la geografía cambie: “Quiero volver a caminar por la calle sin girar la cara”.
Alirio Barrera, mientras tanto, no ha aparecido en público. Su equipo envió un comunicado seco: “Estamos en etapa inicial, no hay acusación formal ni decisión de fondo”. La frase, repetida en los pasillos del Capitolio, suena a mantra que ya escucharon otros legisladores antes que él. La diferencia esta vez es que la denuncia no proviene de un rival mediático ni de un enemigo ideológico, sino de una exfuncionaria que cargó el silencio una década entera. El reloj de la Corte acaba de empezar a correr; el de la política colombiana también.