Desahucios en cantabria: un burofax, treinta días y la pérdida definitiva del hogar
Dos inquilinos de Torrelavega se enfrentan a la ejecución hipotecaria tras un error burocrático que les costó su vivienda. La Audiencia Provincial ha dado la razón al propietario, desestimando la defensa de los afectados y abriendo la puerta al desahucio.
Un requerimiento fehaciente, un plazo perdido y la ley en su contra
La historia empieza con un simple burofax. El 16 de diciembre de 2024, la empresa propietaria les notificó formalmente la deuda acumulada, concediéndoles un mes para regularizar la situación. Un plazo que, según la Audiencia, se les escapó de las manos.
Inicialmente, el Juzgado de Primera Instancia de Torrelavega consideró válido el pago realizado por los arrendatarios durante el proceso judicial, declarando ‘enervada’ la acción de desahucio y salvaguardando, aparentemente, su derecho a la vivienda. Sin embargo, la Sala ha corregido ese criterio, argumentando que la oportunidad de evitar el lanzamiento se desvaneció mucho antes de que los inquilinos finalmente depositaran la suma reclamada.
La dilatación del plazo: la clave de la decisión
La Audiencia Provincial ha analizado minuciosamente la documentación del caso, concluyendo que el propietario cumplió rigurosamente con los requisitos legales: remitieron el requerimiento fehaciente, un burofax con fecha precisa, y esperaron más de treinta días sin que los inquilinos abonaran las cantidades pendientes. El abono, llegado ya demasiado tarde, no pudo revertir la situación.
La resolución es contundente: se revoca la sentencia anterior, se declara resuelto el contrato de alquiler y se ordena el desahucio. Además, se condena a los arrendatarios a pagar los 467,83 euros adeudados, las rentas impagadas –158,83 euros mensuales – y las costas correspondientes. Un castigo severo, pero justificado por la irresponsabilidad de los afectados.
La situación, como tantas otras en España, refleja una realidad dolorosa:mayores y familias en riesgo de perder sus hogares debido a la lentitud de los procesos judiciales y la falta de protección para los inquilinos.