Detenido un diputado peruano por violencia doméstica: un escándalo en el congreso
El diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, fue arrestado esta noche en Lima tras una denuncia de violencia presentada por su expareja. La situación, que ya arrastra un proceso judicial por un atropello en 2024, pone en jaque su reciente asunción al Parlamento y la imagen de su partido.
Un caso que desborda la política
La denuncia, interpuesta por la mujer, quien recibe apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, revela un episodio de violencia física en la residencia de su expareja. Según fuentes policiales, Pérez Mallqui habría intentado forzar la entrada a la vivienda, desencadenando un forcejeo con el padre de su expareja. La fotografía que publica la prensa local, mostrando al diputado en el interior de la comisaría, es un golpe duro para su imagen pública.
Este incidente se suma a un panorama ya complejo para el diputado, que enfrenta un proceso por un atropello ocurrido en Pichari, Cusco, en 2024, un hecho que le valió la elección para el periodo 2026-2031. La gravedad de ambos casos genera dudas sobre su idoneidad para ocupar cargos públicos.
El Ministerio de la Mujer, a través de su programa Warmi Ìan, ha desplegado un equipo multidisciplinario en la comisaría de San Miguel para brindar asistencia legal y psicológica a la víctima. La declaración del ministerio reitera el compromiso de la institucionalidad con la protección de las mujeres y la necesidad de una actuación rápida y diligente por parte de los operadores de justicia.

Reacciones y dudas en el partido
Desde Juntos por el Perú, el senador Jaime Quito ha manifestado la necesidad de conocer “a plena cabalidad” los hechos, confiando en que la investigación esclarezca la verdad lo antes posible. Sin embargo, la situación no se queda en un simple interrogante, ya que la comisión de ética del partido estudia la posibilidad de imponerle sanciones al diputado, considerando la gravedad de la denuncia y el arresto en flagrante delito.
El abogado Alejandro Rospigliosi advierte sobre la posibilidad de una suspensión del cargo por parte de la Comisión de Ética, aunque el plazo de detención en flagrancia, de 48 horas, podría derivar en una orden de prisión preventiva por los cargos de violencia. La complejidad del caso, con la presencia de antecedentes judiciales y la posible intervención de la justicia, convierte este episodio en un asunto de gran relevancia política y social.
La derrota de Roberto Sánches en las elecciones presidenciales ante Keiko Fujimori, y la posición de Juntos por el Perú como la segunda mayor bancada en el congreso, añaden una capa de tensión a este escenario. La constitución de un nuevo gobierno tras las últimas elecciones, plantea interrogantes sobre la estabilidad y la credibilidad de las instituciones.
