Docentescat desafía al tsjc y exige una ley que blinde el catalán en las aulas
La guerra por la lengua vuelve a las aulas catalanas. El gremio DocentesCAT ha cargado contra el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por ejecutar la sentencia que hace aguas al decreto de inmersión lingüística y le ha tirado la pelota directamente al Parlament: una ley ya o el catalán se hunde.
El pulso que nadie pidió
Lo que ayer era un comunicado interno hoy es un manifiesto de urgencia. El colectivo, que agrupa a profesores de Lengua y Literatura Catalana, ha roto el silencio que hasta ahora mantenían los docentes: «El castellano no está en peligro, el catalán sí». Frase lapidaria, sin matices. Detrás de esa afirmación hay años de frustración acumulada y la sensación de que la batalla judicial los ha superado.
La sentencia provisional que ejecuta el TSJC no solo suspende partes del decreto lingüístico; abre la puerta a que cualquier familia pueda exigir más horas en castellano. Para los profesores, es el principio del fin del modelo que ha convertido al catalán en vehicular desde hace cuatro décadas. «No hablamos de pedagogía, hablamos de poder», me dijo ayer una docente de instituto que prefiere no dar su nombre. «Y el poder ahora mismo está en los juzgados, no en las aulas.»
La aeb bajo la lupa
DocentesCAT apunta directamente a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la asociación que impulsó el recurso. La acusa de usar el bilingüismo como «Troya» para implantar el castellano como lengua dominante. Es la misma crónica de siempre: una minoría de familias que se quejan, un tribunal que da la razón y un sistema educativo que se tambalea. La AEB, por su parte, celebra la medida y asegura que solo reclaman «el cumplimiento de la Constitución». El tiempo dirá si ese argumento aguanta en los próximos cursos.
La consellera Esther Niubó, incómoda en la diana, tiene 48 horas para responder. El reto es de órdago: o blindan el modelo con una ley nueva o asumen que el catalán dejará de ser la lengua de referencia en las materias troncales. En la conselleria respiran hondo: saben que cualquier movimiento será utilizado como arma arrojadiza en la campaña electoral que se avecina.
El reloj empieza a correr
Mientras tanto, los institutos ya han empezado a recibir consultas de familias que quieren cambiar la ratio de castellano. «Nos han dejado solos», resume la voz apagada de una orientadora de un centro público de Hospitalet. «Nos dicen que adaptemos la programación, pero nadie nos dice cómo ni con qué recursos.» La próxima reunión de claustro será a puerta cerrada y el clima, dicen, está más tenso que nunca.
El catalán ha pasado de ser la lengua común a la moneda de cambio de una pugna que ya no es solo educativa: es territorial, identitaria y electoral. La pregunta ya no es si se puede enseñar en catalán, sino si se quiere. Y la respuesta, en septiembre, llegará escrita en los formularios de matrícula.