Doña carlota lleva dos semanas esperando el brazalete que la sacaría de la cárcel
El amparo ganado el 17 de marzo le prometió a María Carlota Alfaro Quintana dormir en su casa. Hoy, 30 de marzo, sigue en el penal de Chalco porque un dispositivo electrónico de 15 gramos nunca llegó a su tobillo. Su hijo, Arturo Santana Alfaro, denuncia un «retraso inexplicable» del Centro de Medidas Cautelares del Estado de México (CEMECA) que ya cobró 250 mil pesos de garantía, revisó su domicilio y confirmó la línea telefónica. Solo falta el brazalete. Solo falta, pero es todo.
Una jueza ordenó la casa; la burocracia ordena esperar
La Jueza Sexta de Distrito en Nezahualcóyotl dictaminó que Doña Carlota cumpliera su proceso desde su hogar. La dependencia encargada de hacerlo posible —CEMECA— no ha pisado el penal ni ha dado fecha. El comunicado de la familia habla de «no ha podido o no ha querido». En el lenguaje de los tribales estatales esa frase es una bomba: implica dolo, no torpeza.
El protocolo es simple: una vez que la familia entrega la fianza, ancla el número de teléfono y demuestra que no hay pasaporte vigente, un oficial debe ir al penal, colocar el GPS y firmar el acta. El trámite, en teoría, no supera las 48 horas. Han pasado trece días.

El despojo que empezó todo
Doña Carlato ingresó a Chalco acusada de liderar la toma de un predio en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe. El pasado 18 de febrero, Víctor Eladio Torres Ortiz fue condenado a seis años por despojo contra la anciana y otras dos víctimas. En el juicio abreviado admitió la ocupación «junto con otras personas». Esa confesión desmontó la narrativa que colgó el delito sobre los hombros de una mujer de 78 años.
Con su rival declarado culpable, la defensa de Doña Carlota solicitó la prisión domiciliaria. La jueza accedió. Pero la libertad se quedó atascada en un cajón de oficina.
CEMECA no ha emitido un comunicado oficial. La última vez que hablaron fue para pedir copia del acta de nacimiento de la interna. Dos veces.
Mientras tanto, Doña Carlota duerme en un colchón de tres pulgadas, se levanta a las 5:30 para el paseo de las internas y atiende la visita de sus nietos tras un cristoplas. Su casa, a 22 km, tiene la luz encendida desde el 17 de marzo. Afuera, el celular de su hijo repite la misma frase: «¿Ya van por mi mamá?».
La historia no termina con una pregunta. Termina con una cifra: 312 horas ha estado presa una mujer a la que la ley ya declaró apta para estar en casa. El brazalete sigue en una caja. La vergüenza, también.
