La justicia frena 83 artículos clave de la reforma laboral tras la cautelar de la cgt
El juez Raúl Horacio Ojeda paralizó 83 artículos de la ley 27.802 de Modernización Laboral apenas seis meses después de su sanción. La cautelar, dictada este lunes en el juzgado 63, devuelve al ring la pelea entre el Gobierno y la CGT que parecía agotada tras la marcha del 25 de abril.
La suspensión es un golpe directo al núcleo duro del proyecto oficial: despidos más baratos, teletrabajo sin ley y topes a la negociación colectiva quedaron congelados hasta que se firme la sentencia definitiva. La CGT, representada por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, logró que el tribunal reconozca un riesgo de daño irreparable para los derechos constitucionales de los trabajadores.
El fallo no es una simple formalidad. Toca los bolsillos de las empresas que ya ajustaban sus liquidaciones y obliga al Ministerio de Trabajo a reescribir parte del decreto reglamentario que aún debe publicarse. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la estrella de la ley para financiar despidos sin quebrar a las compañías, quedó también en suspenso. La medida alcanza tanto al sector privado como a los estatales encuadrados en la legislación general.
Los artículos que más duele tener congelados
El artículo 245 de la LCT, que reduce la indemnización por despido a un mes de sueldo por año con tope, fue uno de los primeros en la mira. La norma derogaba el sistema de dos meses sin límite que rige desde 1974 y que las empresas celebraban como un alivio para sus balances. Ahora vuelve a correr el cálculo antiguo: doble indemnización para despidos sin causa y sin techo hasta que el juez se expida.
La derogación de la Ley de Teletrabajo también quedó en el freezer. El artículo 199 de la ley 27.802 eliminaba desde 2027 el marco especial que obliga al empleador a pagar internet, equipamiento y horas de desconexión. Con la cautelar, los empleados que trabajan desde su casa retienen el derecho a que la empresa se haga cargo de los gastos y a rechazar llamadas fuera de su jornada.
Otro punto sensible es el límite a la ultraactividad de los convenios colectivos. La reforma establecía que los acuerdos vencidos dejan de regir si no se renuevan en 180 días. La medida judicial devuelve la vigencia indefinida de las cláusulas salariales y condiciones laborales hasta que las partes firmen un nuevo convenio. Las cámaras empresarias ya advirtieron que esto encarece la negociación y congela paritarias a la baja.
El principio “in dubio pro operario”, ese mandato de interpretar la ley laboral siempre a favor del trabajador, también vuelve a tener fuerza. El artículo 9 de la LCT, suspendido por la cautelar, había sido reemplazado por un criterio “objetivo” que empoderaba al juez a decidir según el “interés general”. La CGT logró que se restablezca la regla de oro del derecho laboral argentino: cualquier duda se resuelve a favor del más débil.
Qué viene después y por qué importa hoy
El Gobierno puede apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, pero el cronograma electoral complica el timing. Presentar un recurso antes de las PASO sería regalarle a la oposición un spot sobre “los derechos que se van”. En Casa Rosada evalúan dejar que el tema se enfríe y llevarlo directo a la Corte Suprema después de diciembre.
Mientras tanto, las empresas deben seguir pagando doble indemnización, respetar la ley de teletrabajo y mantener los convenios colectivos vivos. El costo laboral sube un 15 % promedio según las estimaciones privadas. El Banco Central ya incluye la cautelar en su análisis de riesgo: podría afectar el cumplimiento de metas con el FMI si las compañías postergan inversiones por incertidumbre.
La CGT, dividida entre los que apoyan la huelga general y los que apuestan a la mesa de diálogo, encontró en el juzgado 63 un aliado inesperado. El fallo no solo devuelve derechos: les da oxígeno político en medio de una interna que amenaza con romper la central obrera antes de las elecciones. La pelea ahora pasa por los tribunales, pero la próxima estación puede ser la calle.