Un juez desmonta la fórmula fernández y ordena pagar la deuda con los jubilados
La primera grieta jurídica
en la Ciudad de Buenos Aires acaba de abrirse: un juez federal reconoció que la ley de movilidad jubilatoria sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández les robó a los jubilados casi un quince por ciento de su poder de compra y mandó a la ANSES a devolver la plata. La sentencia, dictada en el fuerte previsional porteño, obliga al organismo a recalcular el haber inicial de Raúl Di Pietro y a abonar las diferencias con intereses dentro de 120 días. El mensaje es demoledor: la fórmula de 2020 no actualiza, empobrece.La cuenta que nadie quería hacer
El juez no se anduvo con vueltas: tomó el Índice de Precios al Consumidor como espejo y descubrió que los aumentos oficiales llegaron tarde y cortos. La ley 27.609 quedó así en la diana de una decena de tribunales que ya advierten su inconstitucionalidad, pero esta es la primera vez que sucede en territorio porteño, donde la mitad de los juicios del país duermen en sobres. El fallo no condena solo a la ANSES; pone en jaque la narrativa oficial que durante años repetía que “los jubilados no perdieron”. Ahora hay un número: sí, perdieron más del 15 %. Y hay una fecha límite para empezar a pagar.
El abogado Adrián Tróccoli, que lleva miles de casos similares, resume la jugada en una frase: “Hasta ayer teníamos caos judicial. Ahora tenemos criterio”. El criterio es el IPC, la misma vara que el Gobierno usa para ajustar tarifas, alquileres y planes. El efecto dominó ya empezó: en Mendoza, Mar del Plata y Salta las cámaras federales dictaron lo mismo; en la Capital, la sentencia de primera instancia presiona a los otros juzgados a unificar posiciones. La próxima piedra en el tablero será la Corte Suprema, con 60.000 expedientes en carpeta esperando una definición que valga para todos.
El boomerang de los bonos rechazados
Hay un punto que el juez dejó afuera y que duele: los refuerzos de $5.000, $12.000 o $30.000 que el kirchnerismo repartió como premio consuelo no formarán parte del haber. El magistrado los consideró “asistencia social transitoria” y los despegó del cálculo. Es decir, la ANSES deberá devolver la inflación no compensada, pero no sumará esas sumas extraordinarias al haber definitivo. La contradicción es brutal: se reconoce la pérdida, pero se ignoran los parches que intentaron disimularla. Para el jubilado de menores ingresos, el mensaje es doble: sí, te debemos, pero no te daremos más de lo que ya te dimo por fuera.
La sentencia ya genera efecto inmediato. Los abogados previsionales porteños recibieron este martes un aluvión de llamados. El trámite, hasta ayer incierto, ahora ofrece un horizonte: si la Cámara confirma la medida, miles de jubilados podrían cobrar por anticipado mientras la Corte se digna a resolver. El costo fiscal será astronómico: cada punto de recomposición multiplicado por 7 millones de jubilados y 48 meses de aplicación de la ley 27.609 abre un agujero que el próximo ministro de Economía heredará sin pedirlo. La factura de un modelo que le ganó la pulseada a la inflación en el papel, pero no en el bolsillo de los viejos, llegó para quedarse.
La guerra por la movilidad termina de salir de las mesas de los técnicos y pisó la calle. El juez le dio la razón al abuelo que ya no puede comprar el mismo medicamento de hace cuatro años. La ANSES puede apelar, pero la imagen quedó: la fórmula fue un espejismo y la deuda, innegable. Cuando la Corte finalmente falle, el daño será colectivo y la cuenta, multimillonaria. Mientras tanto, en algún escritorio de la Capital hay una planilla que empieza con el nombre de Di Pietro y termina con una cifra que crecerá mes a mes. El interés de la deuda, como la inflación, no espera. Y los jubilados, tampoco.