Ecuador convoca a 75.000 jóvenes mientras el país se blinda contra el narco
Las Fuerzas Armadas abrieron este lunes el registro para un nuevo acuartelamiento. El calendario es implacable: el 25 y 26 de abril de 2026 los chicos de 18 a 21 años deberán presentarse en bases repartidas por toda la geografía. La cita llega en medio del mayor despliegue militar que se recuerda en ecuador: 75.000 uniformados entre militares y policía patrullan bajo toque de queda y todavía quedan cuerpos que reforzar.
El reclutamiento se disfraza de voluntario pero el contexto grita urgencia
La convocatoria, firmada por la Dirección de Movilización, insiste en que la incorporación es “voluntaria”. La palabra suena a eufemismo cuando el país lleva nueve meses de estado de excepción y más de 2.000 detenidos en los operativos de marzo. El formulario web ya recibe datos: cédula, dirección, antecedentes académicos y un test psicológico que filtra antes de que el chico pise el cuartel. El objetivo, según el oficialismo, es “ordenar la demanda”. El resultado es un ejército que crece por absorción directa del miedo.
El procedimiento repite el guion de años anterios: registro digital, citación provincial, reconocimiento médico y entrega de uniforme. Pero el escenario ya no es el mismo. Los centros de movilización están rodeados de controles policiales y los padres acompañan a sus hijos con la misma ansiedad con la que se despide a quien cruza una zona de guerra. La sensación es lógica: la frontera con Colombia registra tiroteos diarios y las cárceles siguen siendo la principal línea de reclutamiento de los grupos armados.
El Gobierno ha desplegado esta semana tanques en los accesos a Guayaquil y drones sobre los barrios de Quito. El ministro del Interior repite que “la estrategia funciona” y exhibe cifras: 2.147 capturados, 143 armas decomisadas, 24 vehículos incautados. Lo que no menciona es que los tribunales saturados dejan en la calle al 40 % de los arrestados antes de 48 horas. La presión vuelve al circuito: más patrullas necesitan más soldados, y más soldados necesitan más patrullas.
El presupuesto militar dispara mientras la educación pública se desangra
ecuador cerrará 2026 con cerca de 2.000 millones de dólares destinados a Defensa, la partida más alta de los últimos diez años. La cifra incluye aviones de reconocimiento donados por Estados Unidos y un paquete de inteligencia valorado en 85 millones que ya se traduce en vuelos nocturnos sobre Esmeraldas. El gasto contrasta con el recorte del 12 % que sufrió el presupuesto de educación pública y el cierre de 86 escuelas rurales el año pasado. El mensaje es claro: la prioridad se mide en fusiles, no en libros.
En los foros de especialistas el debate se enciende. ¿Hasta dónde puede estirarse la lógica de militarizar la seguridad sin tocar la estructura que alimenta la violencia? El economista Alberto Acosta lo resume en una frase que duele: “Estamos construyendo un ejército de ocupación en nuestro propio territorio”. Mientras tanto, los jóvenes que se anotan hablan de “oportunidad” y de “suerte” porque, dicen, la alternativa es repartir mercancía para el narco a cambio de 150 dólares semanales. El cálculo es brutal: 400 dólares mensuales de sueldo militar suena a salvación.
La inscripción seguirá abierta hasta que las plazas se llenen. El Ejército no ha fijado cupo máximo: cuantos más, mejor. El 25 de abril los buses recogerán a los elegidos antes del amanecer. Atrás quedarán los barrios donde la única autoridad visible es el grafitti que ordena “pared en recuperación”. Delante, un año de instrucción que promete convertir a los novatos en guardianes de un conflicto que nadie se atreve a llamar guerra. La paradoja ecuatoriana: cuanto más se gana en el frente interno, más se pierde en la retaguardia social. Y el país, entre balazos y himnos, sigue reclutando futuros veteranos de una batalla que no tiene fecha de retorno.